El expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel por el caso de los ERE, ha vuelto a los juzgados del Prado de San Sebastián en la mañana de este jueves para someterse a un nuevo reconocimiento médico en el Instituto de Medicina Legal (IML), que determinará si el político puede continuar su tratamiento actual contra el cáncer de próstata que padece en la cárcel.

"Las enfermedades son privadas". Es lo único que ha manifestado Griñán a su llegada a la sede judicial, que se ha producido alrededor de las 11.00 horas, donde ha apuntado que debe ser "respetado". "Uno debe mantener la confidencialidad de las enfermedades y hay que saber respetarlas", ha manifestado.

Cabe recordar que la defensa de Griñán comunicó a la Audiencia de Sevilla a principios de este mes que el expresidente había concluido ya las sesiones de radioterapia a las que se estaba sometiendo, razón por la que el tribunal había suspendido con anterioridad el encarcelamiento, permitiendo así que el paciente concluyera dicho tratamiento en libertad.

Una vez que el tribunal tuvo conocimiento de la conclusión de las sesiones, solicitó al IML que "a la mayor brevedad posible" emitiera un nuevo informe para dilucidar si el socialista puede o no continuar con su tratamiento en prisión. En la providencia dictada, la Audiencia especificó que el tratamiento actual de Griñán consiste "tan solo" en uno "farmacológico y ejercicios rehabilitadores".

La Audiencia también dio cuenta recientemente de la documentación emitida por el Centro Penitenciario de Sevilla "sobre la posibilidad de tratamiento" en la cárcel. Este informe exponía que para la atención médica "especializada", la prisión dispone de un convenio con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para derivar a pacientes encarcelados a los "servicios especializados" de los hospitales Macarena y Virgen del Rocío, incluyendo en el "proceso de atención integral" acordado los "procedimientos terapéuticos tales como sesiones de quimioterapia o radioterapia", entre otros aspectos.

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El antecedente de Barberá

La Audiencia de Sevilla sí determinó el pasado mes de marzo que el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años por malversación y prevaricación, sí debía entrar en prisión pese a padecer también un cáncer y haber solicitado la suspensión de su pena. 

En este caso, la Audiencia admitió que el ex alto cargo padece una "enfermedad grave incurable", pero que requiere un "tratamiento por tiempo indefinido con fármaco oral, que se ingiere una vez al día y que se dispensa en farmacia hospitalaria, y que precisa de revisiones trimestrales y semestrales" y que, por tanto, puede ser dispensado en la prisión, "al igual que a otros penados que se encuentran en situaciones similares". Es decir, la misma situación en la que ahora se encuentra Griñán.

Así, tras el ingreso en prisión de Barberá, Griñán es el único de los ex altos cargos de la Junta condenados a prisión por los ERE que aún no han entrado en la cárcel, además del ex director general de Trabajo Juan Márquez, a quien el Tribunal Supremo rebajó la pena y la Audiencia concedió un año de suspensión hasta que se resuelva el indulto que ha pedido.

El expresidente está aún pendiente del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional, que inicialmente estaba previsto que se abordara el próximo lunes 22, si bien el TC ha decidido finalmente posponer este debate hasta después de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, para no influir en la misma.