La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, se ha pronunciado este jueves sobre la propuesta de Bruselas sobre una armonización penal que obligaría a España a endurecer los nuevos tipos de malversación. El Ejecutivo, ha dicho, irá "adecuando" a la legislación española esta nueva directiva.

"El país ha legislado en esa dirección, incluso avanzando mucho más que los países de nuestro entorno, reconociendo hechos delictivos que hasta ahora no eran imputables, como es ese enriquecimiento ilícito que pasaba sin ningún tipo de reproche penal y que ahora en nuestro ordenamiento tiene un reproche penal", ha defendido antes de presentar en Málaga la intervención del candidato del PSOE a la Alcaldía de la capital, Daniel Pérez, en un desayuno informativo.

También se ha pronunciado sobre la propuesta de la Comisión Europea la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha destacado este jueves que España llega "con los deberes hechos" y que la reforma de los delitos de malversación de 2022 se adelanta al planteamiento de Bruselas porque ya separaba los casos de lucro financiero, aunque para España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.

"Me parece adecuado que se armonicen las condiciones para este tipo de delitos", ha afirmado Calviño este jueves en Bruselas, donde ha participado en el Foro Económico Europeo que se celebra en la capital belga, además de mantener reuniones con el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, y el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.

La reforma que plantea el Ejecutivo autonómico prevé una pena máxima de al menos cinco años para delitos de malversación en toda la Unión Europea, según la propuesta de directiva presentada este miércoles para tipificar los delitos de corrupción y armonizar las penas en el continente, lo que obligaría a España a volver a reformar el delito de malversación.

Bruselas pide que las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos cinco años, un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.

Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber "ánimo de lucro" cuando la autoridad o funcionario público "se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas".

"Veremos cómo evoluciona el proyecto de directiva, pero España ya se ha adelantado porque ya separó el delito malversación en caso de que haya o no un lucro y tenga impacto financiero", ha agregado Calviño, que ha incidido en que España llega "con los deberes hechos y un cambio anticipado al que propone Bruselas".