El Gobierno ha ampliado un año, hasta abril de 2024, el plazo para desarrollar el reglamento con el nuevo esquema de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social de las empleadas de hogar.

El cambio se ha incorporado en una ley que traspone varias directivas europeas y que ha quedado definitivamente aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados. A través de una enmienda del PDeCAT, se ha fijado que el nuevo esquema, que prevé bonificaciones del 45 o del 30% en función de varios criterios-, "tenga efecto cuando entre en vigor el desarrollo reglamentario previsto y, en todo caso, el 1 de abril de 2024".

Hasta ese momento, se mantendrán las bonificaciones actuales que conllevan una reducción general del 20% en la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes al dar de alta a una empleada de hogar. Esta reducción, aplicada en la cuota que pagan cada mes los empleadores, es del 45% en el caso de las familias numerosas.

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La intención del Gobierno, recogida en el decreto ley de septiembre de 2022 que estableció el derecho a la protección por desempleo para las empleadas de hogar, era modular estos beneficios en función de unos "requisitos de patrimonio y/o renta de la unidad familiar o de convivencia de la persona empleadora" en los términos y condiciones que se fijarían reglamentariamente antes de este mes de abril, un plazo que ahora queda ampliado.

 Junto a esto, otra enmienda introducida en esta ley ha extendido los supuestos en los que pueden revisarse los contratos públicos. Así, queda fijado que los precios de todo tipo de contratos públicos podrán revisarse si las materias primas, bienes intermedios y energía que se empleen en su ejecución superan el 20% del presupuesto base de licitación, una posibilidad hasta ahora limitada a grandes contratos de obras o de suministro de energía