El nuevo proyecto de reglas fiscales impulsado por la Comisión Europea forzaría a España a realizar un ajuste presupuestario de 6.600 millones de euros de cara al año que viene. Ajuste que, de no producirse, podría acabar derivando en sanciones económicas de 660 millones de euros por cada seis meses de incumplimiento. Un reequilibrio en las cuentas públicas que, además, debería diseñarse en pleno año electoral  —todo apunta a que no habrá nuevos presupuestos— y en el contexto de la mayor crisis inflacionaria en más de 30 años. 

Entre otras cuestiones, la propuesta de la Comisión fuerza a los Estados que registren déficits superiores al 3% del PIB a introducir ajustes presupuestarios de, al menos, el 0,5% del producto interior bruto cada año hasta que se cumpla con el umbral máximo. Aplicado al caso español, un ajuste presupuestario del 0,5% del PIB supondría una reducción en el déficit de 6.600 millones en términos de contabilidad nacional de 2022. 

Si cumplen las expectativas del Gobierno recogidas en el Programa de Estabilidad 2022-2025, España cerrará 2024 con un déficit del 3,3% sobre el PIB, tres décimas por encima del máximo permitido por Bruselas. Esto situaría al país dentro del grupo de Estados que la Comisión prevé que sigan por encima del 3% todavía el año que viene. El resto son Francia, Bélgica, Estonia, Italia, Malta, Países Bajos, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía.

Bruselas plantea obligar a un ajuste del 0,5% del PIB a todos los países que, como España, incumplan los límites de déficit

En principio, el Ejecutivo cuenta con reducir el agujero en las cuentas públicas por debajo del 3% en 2025. De no lograrlo, se le volvería a exigir un ajuste similar al de 6.600 millones también dentro de dos años. En todo caso, el Ejecutivo presentará proyecciones fiscales actualizadas esta semana, con lo que el panorama podría cambiar.

Si se pone en contexto la cifra en términos presupuestarios, un ajuste de 6.600 millones sería equivalente a todo el presupuesto asignado al Ministerio de Transición Ecológica para este año (6.857 millones) o a la recaudación que dejó en todo 2022 el impuesto especial al tabaco (6.682 millones). En todo caso, conviene recordar que los ajustes fiscales se pueden realizar por dos vías: elevando los ingresos —es decir, subiendo impuestos— o recortando gasto. Las dos opciones son igualmente impopulares.

Sanciones cada seis meses para incumplidores

En caso de que España incumpliera con el objetivo de déficit y no tomara las medidas pactadas con Bruselas para reducirlo, el país se expondría al nuevo sistema de multas recogido en la reforma de las reglas fiscales. El proyecto de la Comisión contempla aplicar multas de hasta el 0,05% del PIB por cada seis meses que un país incumpla la senda pactada. Sanciones que se irían acumulando hasta alcanzar un máximo del 0,5% del PIB. Lo recaudado con las multas irá a parar al presupuesto europeo.

La nueva normativa no cambiaría la sanción máxima, que se mantiene en el 0,5% del PIB, pero sí modifica sustancialmente las multas iniciales que afrontan los Estados. Con las reglas fiscales actuales, los países que sean amonestados están obligados a formalizar un depósito del 0,2% del PIB desde el principio y la multa solo se hace efectiva finalmente si el Estado persiste en su incumplimiento.

El gran reto de reducir la deuda

En todo caso, aunque se cumplan los umbrales de déficit, parece claro que la contención presupuestaria no acabará el año que viene. Con las nuevas reglas fiscales, los Estados que acumulen una deuda superior al 60% —como es el caso de España, que prácticamente duplica esa ratio— deberán negociar un plan de ajuste que garantice una reducción gradual de la deuda. Por el momento, el Ejecutivo se ha comprometido a llevar la ratio de deuda sobre el PIB por debajo del 110% en 2025, pero está por ver es si ese umbral será suficiente para convencer a la Comisión Europea.

Sin embargo, si la reforma de las reglas fiscales no prospera, el panorama que afronta España pinta mucho peor. La normativa actual establece que los Estados que incumplen los límites de deuda deben reducir la ratio un ritmo del 5% anual. Una senda poco realista que, si se aplicara de manera ortodoxa, implicaría un ajuste de más de 4.000 millones cada año hasta 2035. Una consolidación lo bastante drástica como para sumir al país en una recesión. 

En este aspecto, Alemania, que ha mostrado su oposición a alguna de las medidas clave de la reforma, es partidaria de forzar una reducción en la ratio de deuda de un 1% anual para todos los países. Algo que desde la Comisión rechazan, pues consideran que la mejor alternativa es acordar con cada país una senda fiscal adaptada que sea viable.