El protocolo marco de actuación ante episodios de elevado nivel de dióxido de nitrógeno (NO2) se extiende en la Comunidad de Madrid. En concreto, a ocho municipios más con una población superior a los 50.000 habitantes. Con las nuevas incorporaciones, serán 23 las localidades madrileñas adheridas a este mecanismo para disminuir la contaminación asociada a indicadores elevados de este compuesto químico.

Las nuevas incorporaciones se han decidido este miércoles en el Consejo de Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso mediante la modificación de un decreto autonómico. Los municipios que se sumarán "próximamente" al protocolo, tras la preceptiva publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad, son: Aranjuez, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Majadahonda, Tres Cantos y Pinto. 

"En los próximos años es previsible que se añada algún Ayuntamiento más, en función del ritmo de crecimiento demográfico", han precisado fuentes del Gobierno regional. La consecuencia directa de la adhesión de las nuevas localidades al protocolo supone que sus ayuntamientos deberán actuar en caso de superarse el nivel de NO2 regulado en el Decreto 140/2017. ¿Cómo? Estableciendo restricciones al tráfico mientras duren los episodios, reduciendo las emisiones en los sectores productivos y también con medidas de carácter informativo, de apoyo y promoción del transporte público, entre otras.

Hasta ahora, esta normativa regía en Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas de Madrid, Rivas-Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz, Valdemoro y, por supuesto, en la capital. Se trata, en todos los casos, de poblaciones superiores a los 75.000 habitantes, un umbral que ahora se baja al añadir municipios de, al menos, 50.000 vecinos.

Un compromiso electoral

Según ha explicado el vicepresidente y portavoz, Enrique Ossorio, la modificación del decreto que regula el protocolo obedece dos aspectos. Por un lado, dar cumplimiento a uno de los compromisos con los que el PP se presentó a las urnas en 2019: bajar el umbral de población de las localidades con protocolo de 75.000 a 50.000 habitantes. Por otro, adecuarse a una normativa estatal que rige desde el año pasado y que obliga a los municipios desde 50.000 habitantes a tener planes de movilidad en escenarios de elevada contaminación. 

En cualquier caso, el también responsable de Educación ha señalado que es "muy raro" que en los nuevos municipios adheridos al protocolo se superen las concentraciones de dióxido de nitrógeno establecidas en el decreto regional para activar el escenario de máxima alerta. 

El protocolo, han destacado desde el Ejecutivo con sede en la Puerta del Sol, permite "una mayor coordinación administrativa entre el Gobierno regional y los consistorios en la planificación ambiental", además de mejorar "el cuidado del aire" en la región.