El grupo parlamentario de Vox ha presentado este miércoles el recurso de inconstitucionalidad número 47 de esta legislatura, esta vez contra la ley trans por considerar que es "acientífica" y que se trata de la norma que "más desprotege a las mujeres". Sostienen los de Santiago Abascal que la ley aprobada en febrero —que reconoce la libre autodeterminación de género desde los 16 años— infringe una serie de principios, como el de seguridad jurídica y legalidad penal, el de igualdad, libertad de pensamiento o el de las propias familias y centros educativos.
En el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) —presentado por el vicepresidente del partido, Javier Ortega Smith; el secretario general del grupo parlamentario, José María Figaredo; la vicesecretaria jurídica, Marta Castro; y la diputada y portavoz de Igualdad en el Congreso, Carla Toscano—, Vox denuncia que la ley del Ministerio de Igualdad es susceptible de "producir prejuicios a las mujeres", en tanto en cuanto cree que el cambio registral de sexo sin requisitos puede ser aprovechado para "obtener beneficios penales o penitenciarios". Todo ello pese a que la ley recoge un apartado concreto en el que precisa que para juzgar cualquier delito siempre se tendrá en cuenta el sexo con el que se identificaba el acusado en el momento de cometerlo.
Defienden, además, que la norma "limita de un modo insoportable las libertades y desasiste a los menores". Para Vox, la iniciativa supone "un asalto normativo" de la "ideología de género", cuya imposición "coactiva" constituye "uno de los más graves atentados a la libertad de pensamiento y de expresión de los españoles, así como a la neutralidad ideológica exigible al Estado". A las puertas del TC, Toscano ha asegurado que se trata de la ley que "más desprotege a las mujeres" al eliminar su identidad: "Si cualquiera es mujer, nadie es mujer", ha espetado.
"Intromisión del Estado"
En esa línea, el recurso rechaza "la incorporación de materiales sobre orientación sexual LGTBI en materia escolar", pues, a juicio del grupo de la ultraderecha, "no se puede imponer desde el Gobierno dentro del currículo educativo obligatorio la imposición del conocimiento y aceptación de una ideología concreta como es la de género, que socava y se opone a la práctica totalidad de las corrientes filosóficas de los últimos 2.500 años en Europa".
La ley trans, sostiene el texto, pone de manifiesto la "absoluta intromisión del Estado en esferas que debían quedar en el ámbito estrictamente personal", al considerar como un factor de riesgo para el menor la negativa de los padres a "asumir acríticamente la visión de sus hijos", así como por el "alcance de las modificaciones en materia de filiación" al añadir los términos de "progenitores no gestante y gestante".
La desprotección de los menores es, de hecho, para la diputada Carla Toscano, el aspecto "más sangrante" de la norma: "Ni el Estado, ni las editoriales, ni los profesores, ni los medios de comunicación son nadie para adoctrinar sexualmente a nuestros hijos".
Asimismo, el texto señala las "altísimas sanciones económicas" y la "falta de proporcionalidad" de las infracciones por discriminación, ante la "imposibilidad" de conocer "qué puede o no ser sancionable", lo que, a juicio del grupo, lo deja "al albur de la decisión de quien invoca la infracción".
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