Este jueves 30 de marzo, el Gobierno completaba la reforma de las pensiones con el nuevo paquete de medidas tras obtener en el Congreso de los Diputados un total de 179 votos a favor, 104 en contra y 61 abstenciones. De esta manera, se convalida el Real Decreto-ley 2/2023, de medidas urgentes para la ampliación de los derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y la creación de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. "Esta norma culmina el proceso de modernización del sistema de pensiones, iniciado en 2021, tras la aprobación de las recomendaciones del Pacto de Toledo en otoño de 2020", detalla La Moncloa en un comunicado. 

Entre las principales medidas se encuentra la puesta en marcha de un nuevo marco de revalorización, por encima del IPC, "de las pensiones mínimas y no contributivas hasta 2027 y una subida del 10%", adicional a la inflación del complemento para reducir la brecha de género. 

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha respondido en directo a las dudas de los lectores de 20minutos relacionadas con las novedades de la reforma de las pensiones. En este sentido, una de las más generalizadas está relacionada con la exigencia de cotización para las personas con discapacidad y el acceso a la jubilación anticipada. 

Una rebaja de los años de cotización

"Estamos tramitando una norma aparte, que reducirá ese requisito de 15 a 5 años y que estará en vigor próximamente", ha detallado Escrivá durante el encuentro ante una de las preguntas. De esta manera, el Gobierno central aprobará en breve una reducción de los años cotizados para la jubilación de personas con discapacidad igual o superior al 45% para que puedan acceder a la jubilación anticipada. 

La normativa actual permite a las personas con discapacidad igual o superior al 45% percibir una pensión de jubilación, siempre y cuando acrediten tener 15 años cotizados. Sin embargo, este cambio normativo que están ultimando desde el departamento liderado por Escrivá, reducirá en 10 años el tiempo mínimo exigido, una medida que exigen diferentes asociaciones de personas con discapacidad desde hace más de una década.