La consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, ha manifestado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, que "ponderó" el equilibrio entre el cumplimiento de los requerimientos del Tribunal Constitucional, TC, y el "mandato democrático" de la mayoría independentista del Parlament. Serret ha declarado esta mañana en su juicio por presunta desobediencia, y ha defendido que obedeció el "mandato democrático" del Parlament sobre el 1-O frente a los requerimientos del Tribunal Constitucional.

Meritxell Serret se enfrenta a una pena de un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa, que es lo que pide la fiscalía, por presunta desobediencia en la organización y la celebración del referéndum del 1-O en 2017, cuando era consellera en el gobierno de Puigdemont.

Meritxell Serret se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones y solo ha contestado una pregunta de su abogado, Iñigo Iruin. En ese momento, Serret ha declarado que se reafirma “en que el proyecto independentista republicano es un proyecto legítimo" y ha sostenido que en Catalunya existe un conflicto político "de raíces democráticas que vivió una escalada" con la sentencia del Estatut en 2010.

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La actualmente consellera de Acción Exterior ha reivindicado su derecho a defender política y pacíficamente la independencia de Catalunya. También ha sostenido que se “menoscabó la vía pactada para mejorar el autogobierno” además de abandonar la “vía política para dirimir estas cuestiones”.

En un discurso de diez minutos, Serret también ha asegurado que mantiene la convicción de que el derecho a la autodeterminación de Catalunya es un derecho político y una ideología que debe poder defender libremente. Serret ha justificado su actuación frente al 1-O argumentando que formaba parte de un Gobierno surgido de un Parlamento con mayoría independentista y con programas electorales muy claros y no impugnados.

Además, Meritxell Serret ha aseverado que “el 1-O no fue delito, votar no es delito” y que el conflicto "solo se puede resolver con una negociación democrática y política". La consellera ha criticado la judicialización del conflicto afirmando que "el Estado lo ha querido llevar a los tribunales, se ha querido criminalizar, se ha ido en contra de la resolución del conflicto, y se ha anulado la vía política impidiendo el debate político en el Parlamento".

Parte del gobierno

Por su parte, la fiscalía ha basado su petición de pena en que Serret aprobó el presupuesto que preveía partidas para el referéndum. También sostiene que firmó el decreto de convocatoria del referéndum a pesar de las advertencias del TC. Al mismo tiempo, argumenta que la actual consellera de Exteriores, como consellera de Agricultura entonces participó en las reuniones del Consell Executiu que aprobaron los presupuestos de la Generalitat para el 2017.

El ministerio fiscal ha señalado que había partidas para el referéndum de independencia y el Tribunal Constitucional suspendió la vigencia notificando a todos los consellers que no hicieran ningún gasto derivado de estas partidas suspendidas. Finalmente, la fiscalía recuerda que Serret estuvo presente en el anuncio oficial de la fecha y la pregunta del referéndum y que el Constitucional notificó a Serret y al resto del Govern la suspensión de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica. Por todo ello, la fiscalía acusa a Serret de desobediencia grave.

Mensajes de apoyo

Previamente a la entrada al tribunal, la consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, ha evitado este miércoles polemizar con la exconsellera y eurodiputada de JxCat, Clara Ponsatí, que este martes regresó a Barcelona y minutos antes de ser detenida por los Mossos d'Esquadra, criticó duramente en rueda de prensa contra Serret por haberse puesto a disposición del Supremo y dificultar la estrategia de confrontación. Serret ha manifestado sentirse "muy contenta y muy feliz" por el hecho de que Ponsatí "haya podido volver" a Cataluña.

Meritxell Serret llegó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acompañada de la plana mayor de ERC, incluidos Pere Aragonès y Oriol Junqueras. Desde la filas de Junts Per Catalunya también ha recibido apoyos. Su secretario general, Jordi Turull, ha evitado entrar a valorar las críticas hacia ella por parte de la exconsellera y eurodiputada Clara Ponsatí y ha zanjado la cuestión afirmando que "no es día de reproches".

Desde la CUP, la diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha acompañado a Meritxell serret a la puerta del Tribunal y ha sostenido que "la mejor solidaridad es seguir trabajando por la independencia". Meritxell Serret estuvo tres años huida en Bruselas tras la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017, y regresó a España en marzo de 2021 para ponerse a disposición del Tribunal Supremo, que la había procesado por los delitos de malversación y desobediencia, igual que a los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila.