Durante el pasado año 2022, el servicio municipal de mediación en procesos de desahucio, conocido por las siglas de SIPHO, atendió a 1.881 familias en procesos de desahucio. Esta cifra representa un número total de 4.357 personas, una tercera parte de ellas menores de edad. En total durante el año pasado, el servicio de mediación en procesos de desahucio ha tenido conocimiento de 2.141 situaciones. El 87% de estos casos con familias en situación de vulnerabilidad, es decir, 1636 desahucios, no llegaron a producirse gracias al acompañamiento del SIPHO.
Del total de procesos de desahucio evitados en 2022, el 77% fueron suspendidos antes de llegar la fecha, mientras que el 10% restante fueron solucionados a puerta el día señalado para ejecutar el desalojo de la vivienda. Casi la mitad de todos estos casos, concretamente el 49% de las 1.881 familias, residían en viviendas pertenecientes a sociedades y entidades financieras que tienen más de 10 viviendas, y también particulares que son propietarios de más de 15 pisos o casas.
Otro 40% del total de familias que pudieron paralizar su desahucio residían en viviendas de pequeños propietarios, es decir, particulares con menos de 15 pisos. El resto de casos pertenecen a otras situaciones, algunas de ellas sin efinir. Respecto a los motivos que causaron la situación de desahucio, el 40% de los procesos se deben al impago del alquiler, el 30% a ocupación sin título habilitante, el 14 % a finalizaciones de contrato de alquiler, y el resto, un 4% se deben a ejecuciones hipotecarias. Respecto a las ocupaciones, ocho de cada diez lo son en viviendas propiedad de grandes tenedores.
El 49% de las familias residían en viviendas de sociedades propietarias de más de 10 inmuebles o particulares que tienen más de 15 pisos o casas.
Debido a estos resultados, el Ajuntament de Barcelona incrementa la dotación de la inversión económica en el SIPHO, y pasa de los 700.000 euros anuales a los 2,5 millones de euros al año. Concretamente, la asignación total del consistorio para este servicio es de 5.091.112 euros, ya que el contrato es por dos años. Este importe será asumido en solitario por el Ajuntament de Barcelona.
Con este incremento presupuestario, el SIPHO, que está integrado en las Oficinas de Vivienda del Ajuntament, pasará de tener 16 técnicos a 43 profesionales. En el ámbito social y de la mediación, los recursos de la unidad pasan de 13 a 30 profesionales. De estos 30 profesionales de la mediación, 20 trabajan en el territorio y junto a las familias, y las otras 10 en las oficinas centrales. Desde la creación del servicio en 2015, el servicio ha acompañado a 15.319 familias.
Equipo triplicado
Esta ampliación del servicio del SIPHO supone triplicar el equipo y los recursos para poder, según afirma el Ajuntament, “profundizar en la mediación y evitar a las familias la angustia que supone una demanda y una fecha de desahucio”. La ampliación del equipo debe permitir al servicio una mayor capacidad de gestión para reforzar la mediación e intervención preventivas.
El 40% de procesos se debe al impago del alquiler, el 30% a ocupaciones, el 14 % a finalización del alquiler, y el restante 4% a ejecuciones hipotecarias
Uno de los objetivos principales, además de evitar al máximo a través de la prevención y la mediación que se produzcan desahucios, es "acompañar a las familias para ayudarlas a superar la brutalidad, la ansiedad y la angustia que suponen los procesos de desahucio", resalta el Ajuntament.
Los servicios centrales de la Unidad, compuestos por 10 profesionales, son una de las novedades del renovado equipo, que integra también un equipo jurídico y personal de administración y coordinación, encargado, entre otras funciones, de gestionar la recepción de información de procesos de desahucio por parte de los juzgados. La presencia de profesionales en el ámbito jurídico pretende reforzar al equipo de profesionales de la mediación con más recursos y herramientas para afrontar los procesos con más garantías, ya que el SIPHO centraliza la interlocución con los juzgados y con las propiedades.
Más tiempo y recursos
El número de situaciones de desahucio atendidas durante 2022 es menor que la de años anteriores, ya que se había mantenido estable desde 2017, exceptuando por razones obvias en 2020 por la pandemia. Esta cifra se da en un contexto de moratoria estatal de desahucios en vigor y de la existencia de la ley catalana que obliga a los grandes tenedores a ofrecer alquiler social antes de iniciar un proceso de desahucio.
Con la ampliación del servicio, las profesionales podrán disponer ahora de más tiempo y recursos para acompañar los casos, conocerlos con mayor antelación y articular la mejor respuesta posible activando todos los recursos disponibles de la cartera de servicios de Vivienda para evitar la pérdida de la vivienda. Desde el servicio se prioriza poder mantenerse en la vivienda, ya sea con una solución definitiva como un alquiler social, o bien con una suspensión que permita ganar tiempo para encontrar una solución estable.
Asimismo, las familias disponen de un profesional de referencia único, que realizará una atención integral durante todo el proceso. La estrategia es la mediación con el objetivo de la prevención y la intervención temprana. Se trata de activar lo antes posible las ayudas al pago del alquiler o de compensación de la deuda generada, la entrada a programas sociales como la Bolsa de Alquiler municipal, y especialmente en lo que se refiere a los grandes tenedores, realizar los requerimientos oportunos para cumplir las obligaciones legales de ofrecimiento de alquiler social.
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