El juez que investiga el presunto fraude de subvenciones públicas relacionadas con el entramado empresarial ligado a Francis Puig, hermano del jefe del Consell, ha pedido a la Generalitat Valenciana y al gobierno catalán que realicen los informes de auditoría solicitados sobre las subvenciones y, ante la "demora" que está sufriendo la instrucción del caso, ha reiterado la "máxima urgencia y celeridad" en su cumplimiento. El PP estima en 1,2 millones de euros la cantidad total salida de las arcas públicas valencianas en concepto de ayudas, sobre todo al fomento del valenciano, a las empresas investigadas "justificadas ilegalmente", que ascienden hasta los 2 millones si se suman las de Aragón y Cataluña.

En un escrito fechado el pasado lunes 20 de marzo, el Juzgado de Instrucción número 4 de València da además un plazo de 15 días a las empresas investigadas, Comunicació dels Ports, Mas Mut Produccions, Canal Maestrat y Kriol Producciones, para que aporten documentación solicitada en marzo por Intervención General de la Generalitat, o bien para que efectúen las alegaciones que consideren si no la pueden aportar o si ya está aportada.

Asimismo, y ante un escrito de la Fiscalía, el instructor solicita tanto a Intervención de la Generalitat como a la de Cataluña que realicen los informes auditoría, para lo que les da traslado de un escrito anterior del ministerio público donde explica la finalidad de las diligencias solicitadas.

Por otro lado, traslada a la Intervención de la Generalitat de Cataluña que tiene a su disposición la documentación aportada por las partes en el juzgado y le comunica que no ha dictado ninguna resolución en la que manifieste que ese informe requerido no es necesario. Y señala que dada la "demora" que está sufriendo la instrucción, se reitera la "máxima urgencia y celeridad en su cumplimiento". El juez también recuerda a la Policía Judicial que debe concluir un informe solicitado.

El juez acordó a mediados de febrero prorrogar seis meses más esta investigación, que afecta al empresario Francis Puig y a sus socios, los Adelll Bover, y se fijó como plazo el 29 de julio de 2023, nuevamente prorrogable a instancias de fiscal y previa audiencia de las partes. Esa prórroga está recurrida en apelación por, entre otros, Francis Puig, y el juez ha dado traslado del escrito a las partes y Fiscalía para que formulen las alegaciones que consideren en el plazo de cinco días.

En esta causa, abierta a raíz de una denuncia del PP, se investiga un posible fraude a la hora de justificar las subvenciones recibidas, entre ellas las de fomento del valenciano, del catalán, del empleo o de desarrollo rural, por el hermano del jefe del Consell, empresario del sector audiovisual radicado en las comarcas del norte de Castellón, a través de varias empresas y productoras por él participadas.

Hasta cuatro tipos de irregularidades

Según el Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil, habría hasta cuatro tipos de irregularidades, que son las que ha detectado en la justificación de gastos de las ayudas. Estas van desde la existencia de facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para obtener subvenciones en mayor cuantía de la que correspondería a otras de las que se cuestiona si pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está suficientemente justificado. La Benemérita también apunta a la posible elaboración de facturas duplicadas.

Los otros investigados

Los otros dos investigados son el director general de Política Lingüística (dependiente de Educación), Rubén Trenzano, que ya fue absuelto a finales de 2021 de un delito de falsedad documental por el control de las ayudas al valenciano concedidas a empresas de Francis Puig, y Juan Enrique Adell Bovell, administrador de Canal Maestrat y socio del empresario castellonense.