En abril de 2022 se hizo público el informe Catalangate, elaborado por el laboratorio Citizen Lab de la Universidad de Toronto, denunciando que al menos 65 políticos y dirigentes independentistas habían sido espiados por el Estado español con el programa Pegasus. El asunto levantó una gran polvareda y sus conclusiones suscitaron muchísima atención, tanto dentro como fuera de España, dada la gravedad de las acusaciones y la fiabilidad de las pruebas que presentaba Citizen Lab. 

La presión de ERC, Junts y otros grupos parlamentarios, incluyendo a Unidas Podemos, fue máxima, señalando a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el Gobierno hizo dos cosas para establecer un cortafuegos. Por un lado, denunció que el propio presidente Pedro Sánchez y algunos ministros también habían sido víctimas de hackeo telefónico con Pegasus por parte de algún país extranjero.

Y, por otro, a principios de mayo, cesó a la directora del CNI, Paz Esteban, que poco antes había comparecido en la comisión de secretos oficiales del Congreso, donde reconoció escuchas con autorización judicial sobre 18 líderes separatistas, incluyendo al hoy presidente la Generalitat, Pere Aragonès, con motivo de las protestas violentas contra la sentencia judicial del procés que organizó el Tsunami democràtic a finales de 2019. El Gobierno motivó su cese por "un fallo claro de seguridad en las comunicaciones". Desde entonces los partidos separatistas y sus entidades civiles han seguido denunciando el caso en el Parlamento Europeo.

El profesor e investigador José Javier Olivas ha revisado el informe del laboratorio en un documentado estudio de 248 páginas (El caso Pegasus: una revisión crítica del informe 'Catalangate' de Citizen Lab), que fue presentado la semana pasada gracias al eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, reparando así el veto sobre Olivas que Citizen Lab logró imponer en la comisión de la Eurocámara que investiga el caso Pegasus en base a difamaciones.

Olivas evidencia los problemas metodológicos y éticos del informe de la Universidad de Toronto, lo cual impediría que sea utilizado como base probatoria en las comisiones parlamentarias o en los juicios judiciales. Acorde a su investigación, con Catalangate, Citizen Lab infringe las directrices y los principios básicos de la criminalística digital porque sus resultados no han sido revisados o validados por pares independientes, además de la existencia de falta de transparencia y de acceso a la información.

La investigación del Catalangate refleja, explica Olivas, sesgo político, de selección de las personas presuntamente espiadas, y falta de rigor. Además de los intereses políticos, existe la sospecha sobre las motivaciones económicas tras el anuncio de Apple de destinar 10 millones de dólares a investigaciones sobre el uso ilegal del programa espía Pegasus, lo que podría explicar la negativa de la Universidad de Toronto a abrir una investigación independiente sobre Catalangate a petición de 100 profesores e intelectuales.

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Asimismo, el informe de Citizen Lab no habría sido dirigido por un interés académico, sino concebido y ejecutado (por parte de Elies Campo, un activista secesionista) para justificar la hipótesis del espionaje ilegal por parte de España. En este sentido, el laboratorio canadiense habría visto con ese informe la posibilidad de abrir un caso llamativo en Europa que le permitiera acceder a una parte de esos 10 millones dólares de Apple.

La investigación de Olivas también cuestiona el calendario del informe, puesto que podría haber sido escogido para mitigar el impacto negativo de algunas noticias para el independentismo relativas a su conexión con el régimen de Vladimir Putin y con la trama rusa del procés. Así, la campaña en redes del CatalanGate habría tenido como objetivo alimentar la indignación y el descontento, y revitalizar el secesionismo. Política y dinero. Esa sería la verdad sobre el caso Pegasus en España.