La Audiencia de Barcelona ha ordenado al Juzgado de Instrucción 20 de la ciudad que tome declaración a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, en el caso que investiga a raíz de una querella de la europarlamentaria de ERC Diana Riba y el presidente de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové, por haber sido espiados con el software Pegasus.

El tribunal ve pertinente pedir información al CNI sobre la compra y uso de Pegasus, y recuerda que la ley del control judicial previo del CNI establece que el director debe pedir autorización judicial al Tribunal Supremo (TS), por lo que los jueces señalan que, si Pegasus se usó de acuerdo con esta ley, "este uso no sería ilícito".

El uso del software espía

Teniendo en cuenta la investigación hecha por el Defensor del Pueblo, que concluyó que el CNI ha sometido la interceptación de comunicaciones al control judicial, la Audiencia ve pertinente que se pida información al CNI sobre la compra del software espía y su uso sobre Jové y Orilla, y que declare la directora del organismo, Esperanza Casteleiro. 

"Por lo tanto, la declaración no sería prospectiva, como denuncia el fiscal, sino necesaria para determinar si la actuación que en su caso se hizo con el 'spyware' se hizo conforme a la legalidad vigente, con los límites legales y con autorización judicial, a pesar de que, dado el carácter secreto de estas actuaciones no se pueda dar más información que la confirmación de haber utilizado este programa".

No obstante, el tribunal también considera que pedir a la empresa israelí, diseñadora del programa 'Pegasus', que aporte toda la documentación relacionada con el caso y después interrogarla como investigada no respeta el derecho de defensa. Por eso, la Audiencia considera que primero se tiene que informar a NSO que está investigada y después requerirle si quiere dar la documentación relacionada con el caso.

La Audiencia también considera que el informe pericial aportado por Jové y Riba de Citizen Lab es válido, pero también se tiene que corroborar mediante un informe pericial hecho por los Mossos d'Esquadra o los informáticos que la jueza dictamine. 

Además, pide que se aporten los terminales telefónicos infectados. "Es probable que no se encuentre ningún rastro, como dice la parte querellante, dada la tipología de la 'spyware Pegasus', y también lo es que, dado el tiempo transcurrido, el 2019, los terminales resten inutilizados o sustituidos por otros, pero tienen que ser puestos a disposición de esta unidad para hacer esta constatación", dice la interlocutoria de la Audiencia.

El juzgado pide que se cite a NSO como investigada

El 24 de octubre el juzgado de instrucción número 20 admitió a tramite la querella contra la empresa NSO Group, fabricante del programa espía 'Pegasus' y propiedad de OSY Technologies. Sin embargo, en vez de citar a los querellados como marca la ley, la jueza de instrucción preguntó a la fiscalía que diligencias quería practicar.

Tras la respuesta de la fiscalia, el 15 de diciembre el juzgado denegó las diligencias propuestas en la querella de Jové y Riba, denegó la investigación a OSY Technologies SARL y acordó la práctica de algunas diligencias pedidas por la fiscalía. Tras esto, Jové y Riba recurrieron la decisión y ahora la Audiencia les ha dado parcialmente la razón.

El tribunal ha considerado, por unanimidad, incoherente la decisión de la magistrada instructora y no da la razón a la fiscalía, que se opuso al interrogatorio de los representantes de NSO alegando que no constaba que hubiesen operado en territorio español.

La Audiencia le ha recordado al juzgado y a la fiscalía que la querella es para investigar si los móviles españoles de Jové y Riba fueron espiados mientras estaban en España.