La Generalitat abrió expediente a 1.023 menores de edad de menos de 14 años y, por lo tanto, inimputables, derivados de los Mossos d'Esquadra o de la fiscalía durante el año 2022 por posibles delitos. Un 10% de estos casos, un centenar, estaban relacionados con delitos contra la libertad sexual, como abusos, violaciones o la grabación y difusión de imágenes sexuales sin permiso de la víctima.
A 31 de diciembre había 71 expedientes abiertos por actos graves, según el Departamento de Derechos Sociales. El servicio de atención a menores inimputables de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA), denominado EMI-14, es quien lleva a cabo el programa 'Educando en la responsabilidad'.
Según la Cadena SER, el 25% de los expedientes hacen referencia a delitos de la propiedad como estafas, hurtos o robos con intimidación, y la EMI-14 admite que hay un aumento de casos de acoso escolar que representan entre el 10 y el 11% del total.
El programa tiene como objetivo dar una respuesta desde el sistema de protección a los menores de 14 años que tienen comportamientos que se considerarían delito si fueran mayores de esta edad.
Perspectiva preventiva y restaurativa
La actuación de la EMI-14 está centrada en una perspectiva preventiva y restaurativa: atención de factores de riesgo de conductas disociales, responsabilización del infractor, reparación del daño a la víctima y restauración de las relaciones sociales rotas por el delito.
En el marco de este programa, el equipo valora el caso y se hace un estudio del presunto agresor y de su situación personal, social y familiar para abordar los factores de riesgo que puedan generar conductas disociales en el futuro. En caso de que sea necesario, se inicia un acompañamiento educativo terapéutico desde el mismo servicio, que de media dura un año, o se activan los recursos más adecuados para atender las necesidades detectadas, como por ejemplo, atención a la salud mental.
Como última opción, y si se detecta una posible situación de desamparo, la DGAIA asume la tutela del menor y deriva la guarda y custodia a la familia extensa, a una familia de acogida o a un centro residencial.
En el caso de los tres menores de menos de 14 años vinculados a la violación de una niña de once años en Badalona en noviembre, que se ha conocido esta semana, la DGAIA sigue este protocolo descrito.
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