La legislatura está dando sus últimos coletazos en la Asamblea de Madrid y el Gobierno regional apura los últimos plenos para validar los proyectos de ley que ha ido enviando al parlamento estos meses. Entre ellos figura la ley de Derechos, Garantías y Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia, una de las más relevantes de las que quedan por debatir en la Cámara. El texto elaborado por el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso se somete a votación este jueves, en el antepenúltimo pleno que se celebrará antes de las elecciones de mayo, y desde la Puerta del Sol se confía en el necesario apoyo de Vox para que prospere. 

"Queremos firmar un gran pacto por la infancia y la adolescencia, un pacto en el que la empresa, las administraciones y los medios de comunicación tenemos mucho que decir y que hacer", afirmó la jefa del Ejecutivo este miércoles tras reunirse en Sol con un grupo de altos ejecutivos de empresas de digitalización.

La iniciativa alumbrada por la consejería de Familia, Juventud y Política Social es de vital importancia para el Gobierno de Díaz Ayuso porque actualiza la ley vigente, que data de 1995 y se ha quedado desfasada en no pocos aspectos. Por ejemplo, en lo relativo al uso responsable de internet y de las redes sociales que la actual no contempla porque estas realidades no estaban desarrolladas en el momento de su redacción. 

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"Va a blindar los derechos digitales de los niños de la región y velará especialmente por el uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías", señalan desde el departamento que dirige Concepción Dancausa sobre la ley de Infancia que confían en aprobar este jueves. Además de actualizar aspectos, el proyecto se adapta al marco nacional, que cambió en 2021, y al internacional, y avanza en los derechos de los 1,2 millones de niños y adolescentes que residen en la Comunidad de Madrid.

Entre las principales novedades que plantea el texto figura la promoción de "la escolarización universal y gratuita a niños de 0 a 3 años", la apuesta por el acogimiento de niños tutelados en familias en vez de en centros residenciales, sobre todo en menores de seis años, y un nuevo marco de protección para el nasciturus, el concebido no nacido, a través de ayudas a las mujeres embarazadas.

La futura ley también apuesta por garantizar el acceso de todos los niños a las competencias digitales y se recoge la protección integral de la salud de los niños como un derecho irrenunciable. Además, se regula la obligación de proteger a los menores y adolescentes frente a cualquier forma de violencia, dentro de la familia, de los ámbitos educativo y sanitario y también en el seno del sistema de protección de menores.

La votación del proyecto legislativo del Ejecutivo de Díaz Ayuso tendrá lugar a última hora de la tarde en la Asamblea. Al PP le vale con la abstención de Vox para sacar adelante el texto, que entraría en vigor tras su publicación en el Boletín de la Comunidad de Madrid y se convertiría en la ley regional de Infancia de las últimas tres décadas.