El Congreso de los Diputados facilitará la entrega de los efectos personales que el exdiputado socialista presuntamente implicado en el 'caso Mediador', Juan Bernardo Fuentes Curbelo, dejó en su despacho de la Cámara Baja. La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, ha solicitado este lunes a Meritxell Batet que preste "autorización y colaboración" para la entrega de estos objetos y la Presidencia del Congreso. 

La magistrada, tal y como relata en su auto, ya contactó con la Comisaría Especial del Congreso de los Diputados para solicitar información sobre estos objetos. Desde la Carrera de San Jerónimo informaron de que el despacho de Fuentes Curbelo permanece cerrado desde que el canario dejó su acta de diputado. 

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El 14 de febrero, cuando estalló el caso, la dirección del PSOE, a través de Santos Cerdán, el número tres del partido, forzó a Fuentes Curbelo a abandonar el escaño, y desde entonces su despacho no ha sido adjudicado a ningún otro diputado. Dentro del cubículo permanece el ordenador de sobremesa que la cámara adjudicó a Bernardo Fuentes junto a otros documentos y efectos personales. El teléfono móvil que el Congreso entregó al diputado con su toma de posesión ya fue intervenido el día que lo detuvieron. 

Las relaciones entre el Poder Judicial y el Legislativo se suelen gestionar a través de los presidentes del Supremo y del Congreso, pero en este caso, según fuentes consultadas por Europa Press, esta vía no será necesaria porque Fuentes Curbelo ha dejado el escaño. De todas formas, y en virtud del artículo 548 de la Ley Enjuiciamiento Criminal (LECrim), el registro de las Cortes requiere de la autorización de la Presidencia de las mismas. 

Lorenzo-Cáceres ha detallado que la Policía Nacional y el Grupo de Delitos Tecnológicos abrirán un análisis y confeccionarán el correspondiente informe pericial de los equipos informáticos y de cualquier dispositivo de almacenamiento digital o analógico. 

El caso implica a Fuentes en varias operaciones que, a través de reuniones en el mencionado despacho y fiestas con drogas y prostitutas, buscaban obtener mordidas de empresarios. A cambio, prometían la concesión de subvenciones o la retirada de sanciones, o bien amenazaban con ordenar inspecciones exhaustivas a sus negocios.

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La investigación se ha construido en gran medida a través de escuchas telefónicas dirigidas contra el mediador, Antonio Navarro Tacoronte, que ejercía como intermediario entre los empresarios, por un lado, y los cabecillas Fuentes Curbelo, Taishet Fuentes -sobrino del exdiputado- y el Guardia Civil Francisco Espinosa Navas, por otro. 

A través de un auto, la juez instructora del caso ha defendido la proporcionalidad de su solicitud dado que "hay una serie de fuentes de prueba a las que no se puede acceder mediante diligencias alternativas que no supongan una injerencia temporal en los derechos fundamentales del investigado".

Asimismo, el auto indica que "los indicios delictivos superan la barrera de las meras conjeturas o sospechas y entran de lleno en el campo de los indicios racionales de criminalidad de un delito de corrupción, tales como cohecho, tráfico de influencias, falsedad y pertenencia a grupo organizado, los cuales habría llevado a cabo en el seno de una organización criminal".

La Policía Nacional, tras conocer que el despacho albergaba documentos y dispositivos que pueden resultar de interés para la investigación, requirió la semana pasada a la juez que permitiese su acceso al mismo. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción se opuso al registro íntegro del despacho escudándose en el rtículo 66.3 de la Constitución Española, según el cual las Cortes Generales son "inviolables", pero se mostró favorable a la incautación de dispositivos electrónicos.