El perfil medio de los presos en España presenta en muchos casos alguna adicción (el 76,7% consume drogas, según datos de la Administración Penitenciaria), mayormente no es violento y entró en prisión por un delito contra la salud pública o el patrimonio. Pero los centros penitenciarios "no son el ambiente propicio para el tratamiento exitoso" y la reinserción de estos individuos, según concluye el informe 'Situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas', recién publicado por la Red de Atención a las Adicciones (UNAD). Por eso, la organización ha lanzado una serie de propuestas relacionadas con el tratamiento de las dependencias y la salud mental de estos individuos para mejorar y proponer alternativas al sistema penitenciario español. 

La magistrada y vicepresidenta de esta organización, Carmen Martínez, ha explicado a 20minutos el contenido de estas proposiciones, que, si bien podrían "resultar muy efectivas", tienen dificultades para calar en un sistema penitenciario que es "muy rígido". 

La organización parte de la situación de los presos con problemas de dependencia, una gran mayoría dentro de las cárceles españolas, y asume que es la propia adicción, junto a un contexto de fuerte exclusión marcado por la pobreza, la escasa educación y la violencia, la que lleva a estos sujetos a terminar en la cárcel. "No es lo mismo un problema de abuso de sustancias en un entorno normal que en una situación de exclusión", señala Martínez en este sentido. 

Por tanto, el problema de la drogodependencia no debe tratarse exclusivamente desde un enfoque sanitario o farmacológico. "Es una cuestión sociosanitaria y se debe abordar como tal, teniendo en cuenta la formación, el trabajo, los ingresos, el entorno y la comunidad del paciente", apunta en esta línea la vicepresidenta de UNAD. 

Sin embargo, en prisión los medios son muy escasos, se tiende mucho a la farmacología y la cárcel se convierte en un entorno "complicado" para trabajar las adicciones y la reinserción. "A estas personas hay que tratarlas fuera de prisión, y si acaban allí, hay que prepararles para cuando salgan", opina Martínez. 

Diversificar la respuesta penal

Según relata el informe, el sistema penal español está muy centrado en la pena de prisión, que se concibe prácticamente como la única posible. Sin embargo, "prácticamente en toda Europa existen otros mecanismos que han demostrado ser más efectivos e incluso más baratos". Se trata de estrategias perfiladas en función del perfil y las necesidades de los distintos infractores, de forma que puede facilitarse su inserción.

Uno de ellos es la probation, un anglicismo que da nombre al periodo de prueba que se aplica a determinados individuos acusados antes de que se publique la sentencia. Se pone freno al proceso penal y se somete al infractor a un seguimiento personalizado, una suerte de segunda oportunidad enfocada a lograr su reinserción sin necesidad de encarcelarlo. "Si la persona es adicta, se le somete a un tratamiento de deshabituación. Se elaboran programas dirigidos a la inserción, cursos de búsqueda de empleo... todo ello condicionado a que no delinca", aclara Martínez. 

Este método, que bajo distintos nombres funciona en Francia, Reino Unido, Italia o Portugal, en España solo se realiza después de la pena de prisión, cuando se concede el tercer grado. "Aún no nos hemos atrevido, aunque no es ninguna práctica estrafalaria. Hay multitud de estudios que confirman la efectividad de este tipo de penas", señala la magistrada. 

A juicio de UNAD, este método sería especialmente efectivo en el caso de las mujeres presas, que presentan un nivel de peligrosidad mucho menor y acceden a un sistema penitenciario diseñado para el hombre. "Las mujeres son un 7% de los presos, todo el diseño de las cárceles tiene un enfoque masculino. Ellas muchas veces tienen que ser trasladadas lejos de su casa porque se las intenta concentrar en las mismas prisiones", apunta Martínez, que aboga por intentar aplicar un régimen abierto "sobre todo si tienen hijos". 

También en línea con la diversificación de las respuestas penales sale a relucir la llamada "justicia restaurativa", que en España se utiliza en el ámbito civil o laboral pero en lo penal no se contempla. Básicamente consiste en que, a través de un equipo de mediación y siempre de forma voluntaria, la víctima y el infractor emprendan un diálogo en busca de una solución del conflicto alternativa a la prisión. 

"El infractor hace un ofrecimiento para resarcir a la víctima, ya sea dinero, perdón... esto tiene un enorme potencial pedagógico para evitar la reincidencia y para que la víctima se sienta escuchada". Carmen Martínez dibuja con estas palabras el doble beneficio de este método, que puede ser constructivo tanto para el que delinque como para la víctima, "que no suele pintar nada en el procedimiento penal y normalmente se siente insatisfecha". 

Seguimientos fuera de la cárcel

La Red de Atención a las Adicciones plantea la necesidad de primar en determinados casos el régimen abierto y los cumplimientos extrapenitenciarios por encima de las penas de privación de la libertad. Una estrategia que se puede aplicar a una gran cantidad de presos dado que la gran mayoría de ellos presenta un perfil de escasa o media peligrosidad. 

Para ejemplificar el éxito que pueden tener estas medidas, el informe hace referencia a la situación de las cárceles durante la pandemia del Covid-19. La vicepresidenta de UNAD señala que ante la compleja situación que la pandemia planteó en las prisiones, donde la capacidad de contagio era muy elevada, se promovió la concesión de terceros grados durante este periodo a los presos no violentos. 

Muchos se fueron a casa en situación de semilibertad y la experiencia, explica Martínez, "fue muy bien". "Salieron de prisión y no pasó nada, por eso nosotros quisimos mantener esta situación tras la pandemia, pero a la Administración Penitenciaria le cuesta mucho cambiar de usos y costumbres". 

La "cultura del diálogo" en la vida penitenciaria

Si bien la mayor parte de las propuestas de UNAD van encaminadas a fomentar regímenes penitenciarios alternativos, la organización también aboga por implementar cambios dentro de las instituciones carcelarias promoviendo "la cultura del diálogo y la no violencia". La cárcel, explica Martínez, "es un ambiente muy duro" repleto de violencia y de represión. Y los conflictos con presos se resuelven con sanciones y prohibiciones. Las drogas juegan otro papel importante en estos conflictos, situándose a menudo en el centro de los problemas de convivencia entre presos. 

Por eso la organización aboga por fomentar actividades como talleres de comunicación no violenta que ayuden a pacificar estos centros. Entre las apuestas del informe están facilitar la intervención de entidades sin ánimo de lucro, la salida de presos a realizar actividades y las iniciativas culturales dentro de prisión.

Y por último, dado que una de cada seis mujeres y uno de cada nueve hombres no tienen dónde vivir cuando salgan de la cárcel, UNAD apuesta por implicar a las administraciones locales en la acogida de las personas que son excarceladas o entran en régimen de semilibertad.