Nicaragua está en los titulares de los últimos días porque el pasado 9 de febrero puso a más de 200 presos políticos en un vuelo rumbo a Estados Unidos y los expulsó del país. La operación se vendió como una liberación, pero lo cierto es que el régimen de Daniel Ortega juzgó en ausencia a algunos de ellos bajo una ley que aprobó deprisa y corriendo para declararlos "traidores de la patria" y, además, les colocó la etiqueta de "prófugos de la justicia" y se apropió de sus bienes. 

Para entender este nuevo revés político del país centroamericano hay que saber que un matrimonio gobierna el país centroamericano desde 2007. Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo dirigen un régimen que ha empujado a miles de personas al exilio. Y cabe destacar que el poder de Murillo es tan grande que el mismo Ortega la llama "copresidenta", una figura inexistente en Nicaragua.

El periodista nicaragüense Octavio Enríquez ha explicado a 20minutos que lo que hay en Nicaragua es "una dictadura bicéfala; encabezada por Ortega como jefe de un estado corrupto mafioso, que se basa en una visión estructurada a la vieja usanza de los Somoza donde el poder descansa en el Estado, en la familia y en los negocios que puedan tejer a partir del Estado. Ortega y Murillo son el uno para el otro en poder y en crueldad”.

Pareja en el poder

EFE

La pareja se conoció a finales de los años 70, cuando Ortega se había autoexiliado en Costa Rica por su participación en el movimiento sandinista que en julio de 1979 sacó a la dinastía de los Somoza del poder tras una guerra civil de dos años. Muchos años después, en 2005, se casaron por la iglesia.

El evento clave para sellar su alianza ocurrió en 1998, cuando Zoilamérica Narváez, hija de Murillo de otra relación anterior a Ortega, acusó a su padrastro de haberla violado en repetidas ocasiones. Murillo cerró filas en torno a Ortega y dejó de lado a su hija. El tema se judicializó, pero no prosperó ya que la jueza a cargo lo desestimó porque el delito estaba prescrito.

Para muchos, Rosario ganó un gran cuenta por cobrar. "Fue una factura carísima para Ortega", aseguró hace unos años Dora María Téllez, conocida comandante de la revolución sandinista y después opositora a Ortega que fue arrestada semanas antes de estas elecciones de 2021 y fue parte del grupo de presos políticos que fueron enviados a Estados Unidos hace unos días.

Nicaragua, peor que con Somoza

Las protestas de 2018

El rechazo de los nicaragüenses hacia la pareja presidencial se hizo evidente en abril de 2018. Inicialmente la protesta fue contra una reforma al sistema de salud que se extendió a otros reclamos contra la Administración de Daniel Ortega. La represión de las fuerzas armadas cobró protagonismo y al menos 355 personas murieron, según la CIDH. 

Ortega y Murillo acallaron toda la oposición y el exguerillero asumió por quinta vez (cuarta consecutiva) la presidencia de Nicaragua a inicios de 2022, en medio de un gran rechazo de la comunidad internacional a las elecciones en las que resultó reelegido en noviembre de 2021. Ortega ha ocupado el cargo entre 1985 y 1990, y luego desde 2007 hasta la actualidad gracias una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos sucesivos en Nicaragua.

Desde entonces las cárceles del país se han colmado de manifestantes detenidos y las salas judiciales trabajaron para enjuiciar a opositores, acusados en su mayoría de "terrorismo", "perjuicios al Estado", "asesinato", "crimen organizado", "robo" y "uso de armas restringidas", entre otros delitos graves. Hasta 700 presos políticos se han contabilizado desde las protestas.

El éxodo de miles de personas por razones políticas o económicas fue otra consecuencia del estallido social de 2018, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Este organismo ha contabilizado más de 150.000 solicitantes de refugio solo en Costa Rica hasta 2022. Un número que ya supera el del total de refugiados que se produjo en la década de 1980 con las guerras civiles centroamericanas, según Acnur. 

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Los exiliados en Costa Rica

Edu León

Costa Rica se ha convertido en el mayor receptor en la región por su estabilidad económica y porque muchos no han querido alejarse demasiado de su país. La ONG española Brigadas Internacionales de Paz recoge que hubo un incremento enorme de las solicitudes de refugio de nicaragüenses a partir de las protestas de 2018: pasaron de 4 solicitudes en enero de ese año a 3.344 en junio.

Muchas son mujeres como Erika Sanchez, de 36 años, que estuvo detenida y fue agredida sexualmente en la cárcel. "No recuerdo cuánto tiempo estuve presa, pero me dicen que fue más de una semana. Yo estuve en la cárcel del Chipote, en la cárcel más oscura, en la parte de abajo", contó a 20minutos en noviembre pasado. 

Al menos 18 personas denunciaron violencia sexual en ese centro penitenciario de Managua, según la Fundación Arias para la Paz que lleva los casos desde San José.

En Costa Rica también se asentó el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca + que hace una memoria anual de las denuncias de los exiliados. Al cierre de 2022 recogieron 150 testimonios de víctimas y sus familiares (25 víctimas mujeres, incluyendo una mujer transexual, y 125 víctimas hombres). Las denuncias van desde golpizas hasta asesinatos, pasando por la violencia sexual y el hostigamiento a los presos políticos.

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Los estudiantes contra el régimen 

Los estudiantes universitarios fueron los protagonistas de las protestas en Nicaragua en 2018. Muchos fueron alcanzados por las balas en las trincheras que armaron para resistir y sus madres ahora viven en el exilio. Muchas son parte de la Asociación Madres de Abril (AMA) que ya tiene más de 90 casos documentados. 

"Para enterrar a mi hijo fuimos solo mujeres. Los amigos querían llevarlo en hombros, pero les dije que no, que corrían peligro. Cuando estaba enterrando a mi hijo en el panteón, los paramilitares tiraron ráfagas al aire, ellos estaban en el campo santo", cuenta Azucena López, que perdió a su hijo, el 17 de julio de 218. "Vamos a ver si se hace un juicio por crímenes por lesa humanidad en contra de Daniel y Rosario Murillo. Nos dicen que va a durar un tiempo, pero que sí lo vamos a ver. Las madres de AMA exigimos justicia por cada hijo asesinado", relató en noviembre pasado. 

Los presos liberados 

Un total de 222 personas encarceladas en Nicaragua fueron liberadas y deportadas a Estados Unidos el pasado 9 de febrero. Fue "un paso constructivo para resolver los abusos de los Derechos Humanos" en Nicaragua, declaró el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, tras el aterrizaje del avión en EE UU.

El general retirado Humberto Ortega, hermano del presidente, ha sido el primero en reaccionar a la deportación masiva y la ha calificado  como un "paso constructivo" que puede abrir la puerta a una "nueva coyuntura" con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2026 en el país centroamericano.

En una entrevista con CNN emitida el pasado domingo 19 de febrero, el general ha señalado que la liberación de presos ha permitido cerrar "la coyuntura" creada tras las protestas de 2018. Pero lo cierto es que la polémica no termina porque 94 personas perdieron su nacionalidad, sus bienes fueron confiscados y han sido declarados prófugos de la justicia. Entre ellos están los escritores Sergio Ramírez (Premio Cervantes) y Gioconda Belli, el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez, entre otros.

El Gobierno de España ha ofrecido la nacionalidad a las personas que Ortega declaró apátridas. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, declaró: "Nos ofrecemos a que España acoja a cualquier otro preso que se encuentre todavía en estos momentos en la misma situación que estos que acaban de ser liberados".

La situación en Nicaragua está lejos de estabilizarse. Sigue detenido el obispo Rolando Álvarez, quien según Ortega y excarcelados políticos rechazó ser liberado y desterrado a Estados Unidos. Los exiliados en los países vecinos siguen buscando justicia a la vez que luchan cada día para conseguir seguir con sus vidas en empleos precarios. 

Los presidentes de la región parecen mirar hacia otro lado y no han condenado la situación. El único en usar la palabra "dictador" para referirse a Ortega ha sido el presidente de Chile, Gabriel Boric, que saludó en redes sociales a los nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad y les ha ofrecido también la nacionalidad chilena.