El Parlament de Cataluña se ha gastado hasta ahora 3,9 millones de euros en premios de jubilación a altos funcionarios. Tal como publica el diario 'Ara' y han confirmado a la ACN fuentes de la cámara, ha premiado a la excúpula funcionarial con más de 100.000 euros de media después de años de cobrar sin trabajar. 

La prima de jubilación se ha pagado a 71 personas de las 81 que se han jubilado en el Parlament, y que han costado estos casi 4 millones de euros al erario público. Este privilegio es combinable con las licencias por edad, de forma que hay 34 funcionarios que han cobrado cinco años sin trabajar y que, al jubilarse, han percibido un año extra de sueldo. Entre ellos hay funcionarios de máximo nivel, como por ejemplo exjefes de departamento o exletrados.

El 'Ara' explica que el Parlament ha reconocido haber pagado para cinco altos funcionarios -que ya hacía años que estaban en licencia por edad- un total de 528.425 euros de los presupuestos públicos en concepto de subsidio de jubilación. Y que también se pagaron cifras similares a cinco altos cargos más cuando se jubilaron, pero que no se habían acogido a las licencias y estaban trabajando. Es decir, que en total la cámara ha destinado casi 1 millón de euros (986.126) a diez funcionarios del nivel más alto en premios de jubilación.

Prima de jubilación de funcionarios

La prima de jubilación es un concepto retributivo que se abona al funcionario cuando se jubila en la edad reglamentaria y que se merita durante los años de servicios efectivamente prestados en el Parlament, según los acuerdos firmados con los representantes de los trabajadores del Parlament.

El importe de la prima se adquiere de forma progresiva, según los años trabajados, y pretende compensar las características específicas de los servicios que prestan los funcionarios en la administración parlamentaria, la cual tiene unas funciones diferenciales basadas en el apoyo a la potestad legislativa, a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat y al control e impulso de la acción política y de gobierno.

Algunas de las diferencias destacables son, por ejemplo, la plena disponibilidad para apoyar a la actividad parlamentaria e institucional, el asesoramiento en funciones legislativas, la inmediatez de las actuaciones que se tienen que realizar y la poca movilidad interna dentro de la administración parlamentaria, a causa de su dimensión más reducida.

Así pues, regulaciones sobre ayudas a la jubilación existen también en las Cortes españolas, en parlamentos autonómicos, y en otras administraciones publicas.

El Parlament -según el Estatuto de Autonomía- disfruta de autonomía organizativa, financiera, administrativa y disciplinaria, aprueba su reglamento, su presupuesto y fija el estatuto del personal que depende.

La regulación de la prima de jubilación forma parte de los Acuerdos sobre las condiciones de trabajo del personal del Parlament, resultado de la negociación de los representantes en materia de recursos humanos de la Mesa con el Consejo de Personal (órgano que ejerce la representación colectiva del personal del Parlament). Todos estos acuerdos han tenido el visto bueno de las respectivas Mesas del Parlament.

Según estos acuerdos, los funcionarios que se jubilan en la edad reglamentaria perciben una prima equivalente a un determinado número de mensualidades de salario bruto que se calcula en función de los años de servicios efectivamente prestados, con un tope que es el salario bruto de la última anualidad. Los importes recibidos en concepto de prima de jubilación tributan de acuerdo con la normativa tributaria aplicable.

La Mesa regula la prima a finales de 2021

El artículo sobre el subsidio se introdujo el 1997, bajo la presidencia de Joan Raventós y Carnero (PSC). Y es en 2008, durante la presidencia de Ernest Benach (ERC), cuando se aprueban las cláusulas más inéditas, siendo el paradigma la creación de las licencias por edad y la prima de jubilación, tal como recoge la 'Ara'.

El último Acuerdo sobre las condiciones de trabajo del personal del Parlament que actualizó la regulación de la prima de jubilación fue adoptado por la Mesa el 21 de diciembre de 2021, bajo la presidencia de Laura Borràs. Este acuerdo incluye una aplicación transitoria para los trabajadores que se jubilen hasta el año 2026 y otra para los que lo hagan a partir de 2027.

En concreto, en la última reforma de los ERGI, aprobada, a propuesta de la Mesa ampliada, por la Comisión de Asuntos Institucionales el 28 de julio de 2022 -el día que a Borràs se le suspende el acta de diputada y los derechos de la presidencia-, se hace referencia a la prima de jubilación.

En el artículo 84, que regula el nuevo permiso progresivo por proximidad en la edad legal de jubilación, establece que los trabajadores que se acojan al nuevo régimen de reducción de jornada laboral durante los últimos cinco años de su vida laboral tendrán derecho a la percepción parcial de la prima de jubilación.

Al tratarse la prima de jubilación de un concepto retributivo vinculado a los años de servicios efectivos prestados en el Parlament, los funcionarios que se acogieron a la licencia por edad (derogada en febrero de 2022) también tenían derecho a percibir esta prima en los porcentajes establecidos en las normas reguladoras de la licencia mientras esta estuvo en vigor. Así pues, las últimas normas reguladoras de la licencia por edad aprobadas por la Mesa fijaban una reducción de la prima de jubilación teniendo en cuenta los años disfrutados en situación de licencia.

Los comuns piden explicaciones

El portavoz de los comuns y diputado en el Congreso, Joan Mena, ha reclamado que la Mesa del Parlament de explicaciones sobre los conocidos como 'premios de jubilación'.

"Claramente las personas que forman parte de la Mesa deben dar explicaciones, queremos esperar a que las den. No compartimos el modelo de dar privilegios a unos trabajadores respecto a otros", ha afirmado Mena en rueda de prensa.

Ha instado a la Mesa a "revisar los criterios para evitar este tipo de privilegios", pero ha descartado avanzar qué mecanismos se deberían implementar, al ser preguntado por si las personas que se han beneficiado deberían devolver el dinero.

El portavoz ha explicado que su grupo está analizando la información y cuando tengan más dirán "lo que se debe hacer", pero ha insistido en que la Mesa debería de dar una respuesta ante esta situación.