La Asamblea de Madrid avanza con paso firme hacia el final de la legislatura despachando las iniciativas legislativas de los grupos. Algunas, como la ley de cooperativas, han salido adelante, y otras, como el proyecto de ley para crear la Agencia de Ciberseguridad regional, se han quedado por el camino. El texto que tenía que regular el organismo de nuevo cuño impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue devuelto al Ejecutivo este jueves al prosperar las enmiendas a la totalidad que habían presentado todos los grupos de la oposición: Más Madrid, el PSOE y Unidas Podemos, y Vox. 

El grupo liderado por Rocío Monasterio apoyó la semana pasada al PP para que se siguieran tramitando una serie de bonificaciones fiscales en materia de IRPF, pero esa vuelta al entendimiento tras el fiasco de la aprobación del Presupuesto para 2023 ha sido un espejismo y el respaldo no se ha repetido en la que ha sido la segunda jornada plenaria de este periodo de sesiones. La izquierda y Vox han sumado sus votos para sacar adelante la enmienda a la totalidad al texto que buscaba, entre otros objetivos, "generar soluciones ante ciberataques contra la Administración, empresas y ciudadanos", según el Ejecutivo regional. 

"Para proteger la ciberseguridad no hay que crear otra agencia", ha defendido Gonzalo Babé, diputado de Vox, formación que defiende que estos servicios se presten desde Madrid Digital, el organismo público que presta las soluciones informáticas a la Administración regional. "Es un asunto de Estado, no entendemos este proyecto de la Comunidad de Madrid, no hay que generar un nuevo chiringuito y por eso lo vamos a devolver", había dicho antes la portavoz Rocío Monasterio. 

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Desde el Gobierno autonómico se han tachado de "inexplicables e inexplicadas" las razones de las que ha echado mano Vox para bloquear la iniciativa. "Es un insulto y desconocer la realidad", ha señalado Enrique López, responsable del departamento de Presidencia, Justicia e Interior. El consejero, que también ha sido protagonista de la jornada en la Asamblea por su decisión de darse de baja como militante del PP, ha recordado que las comunidades tienen competencias en materia de ciberseguridad, como plasmó una sentencia del Constitucional, y ha afeado que Vox apoyó la creación de una agencia de este tipo en Andalucía que tenía incluso más presupuesto. Mientras que Madrid había cifrado en 12 millones de euros la inversión necesaria para poner en marcha este organismo, la iniciativa andaluza contempló 20 millones. 

"Hoy se niega la posibilidad de que la Comunidad de Madrid tenga un instrumento para aumentar la seguridad en la región", ha remarcado López, que ha incidido en que la agencia daría servicio a los organismos públicos, a los ciudadanos y también a los ayuntamientos y otras entidades locales, sobre todo a las más pequeñas, que son las que menos recursos tienen.

El PP ha achacado directamente el bloqueo de la agencia a cálculos electorales. "Al inicio de la legislatura hubiera tenido un resultado diferente", aseveró Pedro Muñoz Abrines, portavoz del PP en la Asamblea, el pasado martes, cuando ya se sospechaba que la iniciativa no se materializaría por las enmiendas a la totalidad. La cercanía de los comicios de mayo también se ha dejado notar en el rumbo de la sesión plenaria, con los grupos de la oposición llamando a participar en la movilización en defensa de la sanidad pública que se celebrará el próximo domingo y la presidenta regional contrarrestando el golpe con varios anuncios en materia sanitaria que pretende impulsar en las próximas semanas, aunque ninguno entraría en vigor esta legislatura.

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Díaz Ayuso ha anunciado que los centros educativos públicos y concertados de la región recuperarán los chequeos médicos para los alumnos de las etapas de Primaria y Secundaria a partir del próximo curso. También que un plan de salud visual garantizará el acceso a las gafas a los menores de 14 años de familias con dificultades económicas y ha reiterado que un programa mejorará la salud bucodental de los niños y los mayores de 80 años.

Además, la presidenta madrileña ha avanzado que se invertirán 20 millones de euros para convertir la antigua clínica de Puerta de Hierro en una residencia pública para atender en exclusiva a enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) mayores de 18 años en cualquier fase de la enfermedad. Serán 50 plazas de asistencia integral y otras 30 de atención ambulatoria. Su apertura está prevista para la próxima legislatura, según el Ejecutivo, que asegura que ya trabaja en su diseño.