El Pleno extraordinario convocado este jueves por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para abordar la "situación institucional" de este órgano y sus consecuencias en el servicio público de Justicia ha fracasado. Se han debatido dos propuestas encaminadas a presionar al Parlamento para que se renueve el Consejo o se retire el veto impuesto a los nombramientos discrecionales por parte del órgano de gobierno de los jueces, pero no se ha llegado a ninguna mayoría.

El Pleno ha rechazado, en primer lugar, remitir a las Cortes el informe de denuncia que el Supremo publicó el 16 de enero para remarcar la precariedad que sufre a raíz de la acumulación de vacantes. También se ha descartado enviar al Parlamento el informe realizado por los servicios técnicos del CGPJ relativo a las vacantes de la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales. 

El Supremo denuncia que ya tiene un 24% de vacantes por el bloqueo del CGPJ y urge al Parlamento a resolver esta situación "crítica"

Ambas propuestas, unidas en una sola, han recibido el apoyo de siete miembros del Consejo -cuatro progresistas y tres conservadores- y el 'no' de once. Ante esta decisión, los vocales Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Nuria Abad y Álvaro Cuesta han anunciado que presentarán votos particulares. Según fuentes del CGPJ consultadas por 20minutos, un amplio sector del órgano se ha opuesto a estas medidas por no considerarlas "de utilidad". 

La segunda iniciativa rechazada consistía en solicitar al Congreso y al Senado que procedan a la "inmediata renovación" del CGPJ o, en su defecto, que le devuelvan la competencia de realizar nombramientos discrecionales. La propuesta ha obtenido los votos a favor de los vocales Ángeles Carmona, José María Macías, Roser Bach, Enrique Lucas, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y Wenceslao Olea. Otros nueve vocales han votado en contra y la vocal Concepción Sáez lo ha hecho en blanco. 

En este caso, según fuentes del Consejo, casi todo el sector progresista ha rechazado la iniciativa para no mostrarse en contra de la ley impulsada en 2021 por el Gobierno de coalición para vetar al CGPJ. Sin embargo, cinco magistrados conservadores también han rechazado la medida. 

La decisión ha recibirá varios votos particulares, en este caso los de Enrique Lucas, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona, Roser Bach, Carmen Llombart, José María Macías y José Antonio Ballestero.

Los asientos vacíos se acumulan en los tribunales

Cuatro años de bloqueo, 19 vacantes sin cubrir en el Tribunal Supremo y hasta 72 asientos vacíos entre los tribunales superiores de justicia, las audiencias provinciales y la Audiencia Nacional. A lo largo de este año, el alto tribunal acumulará cinco nuevas vacantes y dictará unas 1.230 sentencias menos de lo debido. Estos datos, los que han motivado el Pleno de este jueves, los que el CGPJ ha rechazado enviar a las Cortes, son la consecuencia directa de dos factores. 

El primero, la raíz del problema, es la falta de acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el Consejo, una tarea que debió realizarse a finales de 2018. Los acercamientos y las rupturas entre ambos se han sucedido durante este periodo, y cada uno de los actores ha jugado sus cartas. El Gobierno impulsó en 2021 una de las medidas de presión más importantes de la negociación. Llevó a las Cortes una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) según la que, cuando el CGPJ está en funciones, no tiene competencias para realizar nombramientos discrecionales. 

Aquella medida, enmarcada en las conversaciones con el PP de Pablo Casado, se pensó como una forma de presionar al interlocutor hasta forzarle a llegar a un acuerdo y renovar el órgano. Lejos de conseguir este propósito, la reforma (rectificada a conveniencia del Ejecutivo para renovar el Constitucional) ha provocado la degradación continua de los tribunales que dependen de los nombramientos del Consejo. 

En otoño del año pasado tuvo lugar el último intento de pacto entre el PSOE y el PP, que fracasó cuando el Gobierno ya lo daba por seguro. Alberto Núñez Feijóo, representado en las negociaciones por vicesecretario de acción institucional del PP, Esteban González Pons, se retiró en el último momento alegando que no podía pactar con Pedro Sánchez mientras el presidente acordaba la derogación de la sedición con sus socios independentistas. 

Aquella ruptura y el año electoral inminente acabaron con las esperanzas de retomar la conversación. Si el acuerdo no llega antes de las elecciones generales, deberá retomarse tras cambiar los equilibrios parlamentarios, y las Cortes actuales perderán la oportunidad de verse representadas en el órgano de gobierno de los jueces, un derecho que les corresponde por ley.