Plataformas de familiares y usuarios de residencias han expresado su decepción tras la reunión que han mantenido este miércoles en la Fiscalía General del Estado para reclamar la reapertura de las causas archivadas por el fallecimiento de más de 35.000 mayores en los centros al inicio de la pandemia.
Las organizaciones han entregado más de 200.000 firmas que reclaman una "investigación exhaustiva" sobre la tragedia ocurrida en las residencias. El encuentro tuvo lugar con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y otros dos fiscales de sala, entre ellos, la responsable de Discapacidad y Mayores, María José Segarra.
"Llegamos insatisfechos y decepcionados y hoy nos vamos con una situación similar", ha explicado Paulino Campos, presidente de REDE y miembro de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias tras esta reunión reclamada hace más de ocho meses y que se ha prolongado durante más de dos horas.
106 procesos judiciales en trámite
La Fiscalía ha explicado a las familias los datos sobre el número de procedimientos judiciales en trámite, que ascienden a 106, a fecha 30 de septiembre de 2022, mientras que otros 34 han sido archivados por órganos judiciales. De ellos, 20 se incoaron por denuncia o querella del Ministerio Fiscal y la Fiscalía recurrió 31 autos de archivo, detalla el Ministerio Público.
García Ortiz les ha ofrecido mantener una nueva reunión más adelante para seguir facilitándoles información sobre las actuaciones de la Fiscalía y para escuchar sus propuestas e iniciativas. "Sabemos que el fiscal general se va a preocupar pero las palabras no han ido más allá, han sido muy políticas; marchamos decepcionados y esperamos que haya un segundo oficio recabando de las fiscalías territoriales que hablen con las familias que aún no han visto", ha añadido.
"No salimos con un compromiso firme de que las denuncias archivadas se vayan a reabrir; queremos que nos escuchen los tribunales y salimos sin la certeza de que eso se vaya a producir, y si no se reabren los procedimientos esas muertes van a quedar impunes y eso es impensable en un Estado de derecho", ha aseverado María José Carcelén, de la Coordinadora de Asociaciones de Familiares 5 más 1.
Los familiares denuncian que se archivaron los casos "sin hacer una investigación seria y en profundidad y sin citar a los responsables políticos y de las residencias", ha recordado. Para María Jesús Valero, que perdió a su padre en una residencia de Usera (Madrid) y que pertenece al colectivo Marea de Residencias, las familias no deberían estar en la Fiscalía si se hubiera hecho "un trabajo serio de investigación". "He venido a sacar un compromiso serio, formal y de palabra que no he encontrado", ha lamentado.
El Fiscal General pidió escuchar a las familias
García Ortiz ha facilitado a los representantes de estas organizaciones la información remitida por las distintas fiscalías a raíz del oficio que dirigió en octubre de 2022 a todos los fiscales superiores para que escucharan a los familiares de las víctimas.
En cumplimiento de ese oficio, el Ministerio Fiscal está solicitando la audiencia de los familiares en todos los procedimientos judiciales en que no se hubiera acordado esa diligencia, incluso en las ya archivadas si los familiares lo solicitan, explican desde la Fiscalía.
Álvaro García Ortiz ha resaltado que, más allá de las eventuales responsabilidades penales, la pandemia ha constatado la necesidad de replantear el modelo residencial de España, en el ámbito de la prevención, la asistencia y la protección para fomentar un nuevo modelo de cuidados centrado en la persona.
El grueso de las investigaciones se encuentran en este momento en fase judicial ya que la mayor parte de las diligencias abiertas por las diferentes fiscalías -más de 400- se incoaron durante 2020 y la primera mitad de 2021 y concluyeron antes de 2022.
Su conclusión se debe a la interposición de denuncia o querella, o por remisión al órgano judicial al constatarse que los hechos estaban ya judicializados, por acumulación a otras diligencias abiertas o por no haber podido acreditarse la comisión de un hecho delictivo, explica la Fiscalía General del Estado.
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