Las asociaciones de familiares de los fallecidos en las residencias de mayores y de personas con discapacidad durante la pandemia en España se han reunido este miércoles, por primera vez, con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Pero para la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, Marea de Residencias y Federación REDE, el encuentro ha resultado una "decepción".

Paulino Campos, coordinador de la iniciativa y presidente de Federación REDE, ha explicado que "no han encontrado soluciones" por parte del fiscal general: "Queremos que no se vuelvan a producir estas situaciones en las residencias y que se aplique el derecho y la investigación con la rapidez y los medios necesarios". "Llegamos al encuentro insatisfechos y decepcionados y nos vamos con una situación similar", ha afirmado Campos. Además de la reunión, también se ha hecho entrega de forma simbólica de 209.000 firmas que exigen una "investigación exhaustiva de las muertes en las residencias durante la pandemia".

Las asociaciones han admitido que son conocedoras de que el fiscal general del Estado va a "preocuparse por sus palabras", aunque argumentan que su discurso "no va más allá por ser muy político". Aun así, han explicado que García Ortiz ha prometido que se celebrará un segundo oficio para las familias que no han visto sus derechos defendidos.

María José Carcelén, coordinadora residencias 5+1, ha denunciado que no salen de la reunión con "un compromiso firme de que todas las denuncias archivadas se vayan a reabrir". "No sabemos si se va a producir, no tenemos la certeza. La inmensa mayoría de los culpables van a quedar impunes, es impensable en un Estado de derecho ", ha explicado ante los medios de comunicación.

El fiscal general del Estado recibirá por primera vez el miércoles a los familiares de fallecidos en residencias durante la pandemia

Carcelén ha incidido que "no se realizó una investigación seria" y que "no se ha citado a declarar a responsables políticos o a los gestores de las residencias". "Queremos que se reabran todas las causas, porque sin reapertura nos quedamos justicia en este país. Dejar morir ancianos sale gratis", ha aseverado.

Otra de las voces que ha dado su impresión de la reunión con el fiscal general del Estado ha sido Miguel Vázquez, presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare). Vázquez ha explicado que se han archivado varios procedimientos judiciales sin llamar a los familiares, además de que algunos los han convertido en diligencias civiles y, por ello, ha dejado de existir la posibilidad de reabrirlos. 

"En Madrid, los 'protocolos de la vergüenza' tienen que tener sus responsabilidades, por la redacción de los mismos y por no utilizar al personal sanitario de Atención Primaria para su aplicación en las residencias, como exigía Sanidad", ha afirmado Vázquez. También ha apuntado que únicamente se podrán reabrir los casos de vía penal- los cuales ascienden hasta 106 en toda España- y se elimina la posibilidad de reabrir los que sean por la vía civil.

Por último, María Jesús Valero, denunciante que perdió a su padre durante la pandemia, ha explicado cómo ha sido su encuentro con el fiscal general del Estado: "Le he preguntado que ¿por qué tengo que estar aquí?". Valero ha lamentado que "no hay un compromiso firme" y que ha terminado la reunión "esperanzada pero sin nada". 

"Los fiscales siguen sin dejarnos declarar y sin presentar documentación para defendernos", ha argumentado Valero sobre su caso, que está archivado y recurrido en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que su padre falleció en la residencia de mayores de Usera junto a otras 42 personas más.