La Audiencia Provincial de Madrid ha aplazado por tercera vez el juicio a dos traductores contratados por la Policía acusados de extorsión y a un empresario imputado por supuesto cohecho, previsto para este lunes y en el que estaba citado para testificar el excomisario José Manuel Villarejo.
El tribunal ha aceptado la petición del aplazamiento realizada por la defensa de uno de los traductores, I.A., que ha alegado que necesita tiempo para preparar la vista ya que fue designado hace una semana por el Colegio de Abogados para actuar como letrado de oficio.
El presidente de la Sección Quinta de la Audiencia ha informado este lunes a las partes de que el anterior abogado de I.A. ha causado baja por motivos médicos. Ante esta circunstancia el fiscal y las otras defensas no se han opuesto al aplazamiento y el magistrado les ha indicado que se señalará una nueva fecha para el juicio.
Aplazado dos veces antes
Por otra parte, a petición de la abogada del empresario acusado, la Sala ha pedido al fiscal que aporte otra copia en la que puedan oírse mejor las grabaciones de las intervenciones de las conversaciones telefónicas de los acusados. La letrada ya ha adelantado su intención de impugnarlas si no se oyen bien.
Este juicio ya fue aplazado una primera vez en 2020 y después el 20 de septiembre de 2021, cuando dos de las defensas alegaron que no se les comunicó un DVD que fue aportado por la Fiscalía con grabaciones de intervenciones telefónicas y que necesitaban tiempo para examinarlo.
Ocho años de cárcel
Además de Villarejo también están citados como testigos en este juicio el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas y el comisario y exasesor de María Dolores de Cospedal Andrés Gómez Gordo.
Los tres están vinculados a la denominada "Policía política" o "patriótica" de la etapa del exministro Jorge Fernández Díaz y fueron procesados en el caso Kitchen, donde la Audiencia Nacional ha investigado el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, urdido supuestamente desde el Ministerio del Interior en 2013.
En el juicio en el que declararán como testigos están acusados dos traductores -que se enfrentan a una petición de ocho años de cárcel por los delitos de revelación de secretos y extorsión- y un empresario, para quien la Fiscalía solicita ocho años y medio por delito continuado de revelación de secretos y cohecho y una multa por simulación de delito.
Extorsión y varios pagos
La Fiscalía Anticorrupción relata en su escrito de conclusiones provisionales que los dos intérpretes estaban contratados por la Dirección General de la Policía a través de la empresa Seprotec para traducir conversaciones incautadas en una investigación del Juzgado de Instrucción 5 de Fuenlabrada (Madrid) sobre el empresario, iniciada en 2013.
En 2014 ambos intérpretes trataron, presuntamente, de extorsionar al investigado, exigiéndole dinero por darle información sobre esa causa. Le reclamaron 10.000 euros inicialmente y le advirtieron de que podrían "influir en su contra en la investigación en curso", según el escrito de la Fiscalía.
El empresario denunció los hechos en la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en abril de 2014 y luego, ya en agosto, presentó una nueva denuncia en los juzgados madrileños, "si bien en este momento ya lo hizo a sabiendas de que los hechos no se ajustaban a la verdad y que no era víctima de delito alguno".
Para esa fecha el empresario había advertido a uno de los traductores para que cambiara de teléfono porque había denunciado en el juzgado, tras decidir "instarles a que le dieran continua información de la investigación judicial que ya conocía se dirigía contra él, a cambio de dinero", según el Ministerio Público.
Así constan varios pagos y el empresario pudo saber qué coches camuflados le seguían o las fechas en las que le iban a vigilar, siempre según la Fiscalía Anticorrupción.
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