La Seguridad Social busca 'inquilinos' para sus 1.000 inmuebles vacíos: edificios, locales, viviendas y hasta plazas de garaje

Una persona pasa por la entrada de la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Madrid (España), a 6 de febrero de 2020.
Una persona pasa por la entrada de la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Madrid (España), a 6 de febrero de 2020.
Óscar Cañas - Europa Press - Archivo
Una persona pasa por la entrada de la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social, en Madrid (España), a 6 de febrero de 2020.
La Seguridad Social acumula desde hace años un basto patrimonio repartido por toda la geografía nacional. Pero, por razones diversas, casi uno de cada cuatro inmuebles de los que este organismo es titular están vacíos o semivacíos.
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La Seguridad Social acumula desde hace años un basto patrimonio repartido por toda la geografía nacional. Pero, por razones diversas, casi uno de cada cuatro inmuebles de los que este organismo es titular están vacíos o semivacíos. Así lo certificó el pasado julio el Tribunal de Cuentas en una exhaustiva auditoría en la que cifró en alrededor de 1.000 inmuebles el patrimonio desocupado. Se trata de edificios, solares, viviendas, locales, naves, plazas de garaje y, sobre todo, fincas rústicas a las que el departamento que dirige José Luis Escrivá quiere dar una segunda vida.

El martes, el Gobierno aprobó un decreto en Consejo de Ministros para que otras administraciones y organismos públicos puedan sacarle partido a estos inmuebles desaprovechados. Con la legislación actual, los trámites para que la Seguridad Social le entregue uno de sus inmuebles (eso sí, sin perder la titularidad) sin uso a otro organismo público o administración son complejos. 

El nuevo decreto aligera plazos, precisa la regulación anterior y flexibiliza los procedimientos de subasta pública de estos inmuebles que, en todo caso, tendrán que destinarse a "fines de utilidad pública". Además, la nueva norma vendrá acompañada de un plan para optimizar el uso del patrimonio de la Seguridad Social de cara al futuro.

El interés del Gobierno en darle uso a estos inmuebles vacíos es evidente. Mantenerlos supone gasto público y en algunos casos se trata de edificaciones que se encuentran en el centro de las ciudades que contribuyen al deterioro del entorno urbano, señala el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en una nota.

Sin embargo, el departamento que dirige Escrivá tendrá muy difícil encontrar quien se encargue de la mayoría de estos inmuebles. La razón es que, buena parte de ellos son fincas rústicas que se entregaron a la Seguridad Social para cancelar deudas con el organismo y que tienen poco (o ningún interés) para las administraciones públicas. Al menos 475 de los alrededor de 1.000 inmuebles vacíos o en desuso eran fincas rústicas, según el informe del Tribunal de Cuentas.

Si descontamos las fincas rústicas y los inmuebles parcialmente ocupados, quedan 391 inmuebles vacíos, la mayoría de ellos con más de diez años desocupados a sus espaldas. Entre ellos se cuentan 32 edificios, siete edificaciones sin declaración de obra nueva (es decir, no registradas ante notario), 200 locales, ocho naves, 99 solares, 32 viviendas y 13 plazas de garaje. De todos ellos, el Tribunal de Cuentas seleccionó 186 para analizarlos y concluyó que entre gastos e inversiones han supuesto un coste 143,3 millones de euros a la Seguridad Social.

Años de burbuja y vestigios del pasado

Los motivos por los que la Seguridad Social ha acumulado tantos inmuebles vacíos o infrautilizados son diversos y se remontan varios años atrás en el tiempo. El primero de ellos tiene que ver con el plan la expansión de oficinas emprendido a comienzos de siglo. Entre el año 2000 y el 2007, la Seguridad Social adquirió "un volumen considerable de inmuebles" para construir oficinas, "que en muchos casos no fueron puestos en funcionamiento", señala el Tribunal de Cuentas. 

Además, también conviene recordar que la Seguridad Social conserva aún la titularidad de algunos inmuebles de cuando tenía la competencia completa en sanidad pública, antes de que fuera transferida a las comunidades autónomas entre 1981 y 2002. En este sentido, el Tribunal de Cuentas señala que el Ingesa (heredero de Insalud, el organismo encargado de prestar la sanidad hasta su disolución en 2021) tiene en su haber 23 inmuebles vacíos valorados en 22 millones de euros no adscritos a las comunidades autónomas.

Finalmente, otra parte del patrimonio desocupado son inmuebles que la Seguridad Social tiene cedidos a las mutuas colaboradoras, pero que están vacíos. Se trata de 41 inmuebles cuyos costes en términos de gasto e inversión ascienden a 7,7 millones de euros. 

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