El hallazgo de referencias al nombre del presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, en las anotaciones de la agenda del extesorero José María Cataluña, imputado en el caso Azud, ha llevado tanto al principal partido de la oposición, el PP, como al segundo socio del Consell, Compromís, a pedir la activación de la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso en Les Corts Valencianes, a lo que los socialistas se niegan mientras no se levante el secreto del sumario en todas las piezas separadas.

El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha criticado este lunes que Puig "siga callado" sobre el caso Azud y "continúe bloqueando" la comisión de investigación parlamentaria. "Todos queremos saber la verdad, depurar las posibles responsabilidades políticas y Puig no ofrece ninguna explicación", ha denunciado el también presidente de la Diputación de Alicante. Desde Compromís, que gobierna junto a los socialistas y Unides Podem, sostienen que en su día votaron a favor de la creación de la comisión de investigación, y "en coherencia" están "a favor de que se ponga en marcha", aunque, eso sí, "con un plan de trabajo serio", añaden.

«X. Puig. Dinar» (en valenciano, comida). Es una de las anotaciones encontradas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las agendas del extesorero del PSPV-PSOE José María Cataluña, considerada una de las figuras claves en la rama del caso Azud sobre presunta financiación irregular del partido a través de mordidas procedentes de actuaciones urbanísticas. Según publica este lunes El Mundo, el sumario recoge estas referencias como «Ximo» o «X. Puig» en forma de apuntes personales de quien los investigadores consideran el nexo de unión entre los financiadores y la formación política.

En otra de las libretas intervenidas, el extesorero de la formación socialista valenciana refleja una referencia a "dona Ximo" (mujer Ximo), que podría corresponder a la esposa del presidente. El nombre «Ximo» figura también en otra anotación junto a «Emèrit» e «Imedes». Emèrit Bono, hijo del exconseller socialista del mismo nombre en la etapa de Joan Lerma al frente de la Generalitat, es director general en Gesmed, con participación en Imedes. Esta última trató con una de las empresas de Jaime Febrer, el considerado cabecillo de Azud, para introducirse en Andalucía en 2006.

De este modo, una de las claves del caso reside en si Puig, que accedió a la secretaría general del PSPV en 2012, conocía el entramado, e incluso si le pudo beneficiar en los procesos de primarias para concurrir al liderazgo del partido.

Sobre las anotaciones, Mazón ha dicho que son hechos "muy graves" que apuntan a Puig. "Debería salir a dar explicaciones, después de las últimas revelaciones, donde hemos visto que su nombre queda implicado directamente en la posible trama de financiación irregular, de facturas falsas, durante decenios, al PSOE, con obras del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que podrían haber financiado irregularmente hasta la propia campaña de Puig". Por otro lado, fuentes de Compromís sostienen que el foco "debería estar en las personas que forman parte del proceso como imputadas".

Puig ha replicado a Mazón desde Alemania, durante una visita a una gigafactoría de Volkswagen como la que se construirá en Sagunt, que sus acusaciones son "chafarderías de personas que al final lo único que tienen es un proyecto destructivo" y "no aportan nada". "Nosotros siempre damos la cara y eran otros los que huían, él sabe perfectamente de quiénes hablamos y en qué condiciones lo hicieron", ha señalado.

El foco en la corrupción con más de 60 imputados

Las revelaciones del sumario del caso Azud que salpican al PSPV-PSOE han vuelto a poner la corrupción en el foco de la actualidad valenciana, en concreto por los gastos electorales que según la UCO de la Guardia Civil afrontó este partido con fondos provenientes de comisiones y mordidas. La macrocausa judicial ha destapado un entramado de corrupción que tuvo en un primer momento como epicentro el Ayuntamiento de València en la época de Rita Barberá, en concreto entre 1999 y 2013, y que fue ampliando sus redes más allá de cargos del PP, que gobernaba entonces las instituciones valencianas con mayoría absoluta. El empresario Jaime Febrer, el supuesto cabecilla, sobornó también, presuntamente y según el sumario, a políticos del PSOE como el entonces portavoz municipal Rafael Rubio a cambio de su silencio, y al abogado José Luis Vera como forma de acceder a otras administraciones bajo control del PSPV. Otra de las figuras clave fue el extesorero socialista José María Cataluña.

La supuesta trama corrupta de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de planes urbanísticos y contratos públicos acumula en su pieza principal más de 60 investigados, entre ellos empresarios, abogados y políticos.

El último cargo salpicado por el sumario ha sido el senador socialista por Alicante José Asensi. Una investigación de la Agencia Tributaria apunta a que una empresa pantalla del parlamentario, actualmente en activo, habría canalizado 1,6 millones de euros de la trama para el pago de sobornos. En un comunicado, el propio Asensi negó la semana pasada cualquier irregularidad y se desvinculó de la administración de la empresa bajo sospecha, Fersa. Al día siguiente, el jefe del Consell y líder socialista, Ximo Puig, aseguró que el senador Asensi había dado las "explicaciones oportunas" y que, por su parte, la cuestión "está resuelta".