Chupas de cuero, chalecos, tatuajes, motos de gran cilindrada... detrás de esa estética motera, la banda de los Ángeles del Infierno escondía una férrea organización criminal dedicada principalmente a la explotación sexual y el narcotráfico, y que recurría habitualmente a la extorsión, la violencia e, incluso, el asesinato para lograr sus fines.

Un total de 47 acusados, entre los que hay dos policías y un sargento de la Guardia Civil, se sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir de este lunes en el macrojuicio contra los Ángeles del Infierno, un complicado proceso penal contra esta organización criminal de moteros que intentó implantarse en España y que practicaba todo tipo de delitos.

El juicio, en el que la Fiscalía pide más de 300 años de cárcel para los acusados, llega casi diez años después de la Operación Casablanca, llevada a cabo en 2013 en Mallorca por la Policía Nacional y la Guardia Civil para desmantelar la 'sucursal' española de los Hells Angels Motorcycle Club (HAMC), como se conoce mundialmente a esta organización con ramificaciones en cinco continentes y 59 países. La operación fue dirigada por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.

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"Sus miembros están involucrados en delitos relacionados con la prostitución, el tráfico de drogas, tenencia y tráfico de armas, extorsión, así como diversas formas de violencia, llegando al asesinato", afirma la Fiscalía en su escrito de acusación, de 150 folios. "Una de las amenazas más graves es su tendencia a usar la violencia, que se ve agravada por su disposición a utilizar armas de fuego y otras", subraya.

También habla de una organización muy "jerarquizada" en la que los miembros que infrinjan las reglas "pueden ser expulsados del club, castigados con palizas e, incluso, con la muerte". 

Asimismo, relata que el proceso de "afiliación" a la banda es "largo y limitado" y que, una vez dentro, sus miembros van ganando "honores", una especie de reconocimientos que plasman con parches cosidos a sus prendas. Entre esas distinciones, hay determinados escudos por matar en beneficio del club o por agredir a un policía; o un corazón púrpura por haber sido herido por un rival.

Cirugía estética para sus prostitutas

La Fiscalía apunta a la prostitución como una de sus "principales fuentes de ingresos", una actividad que realizaban "mediante la adquisición de clubs de alterne" y "explotando y coaccionando a las mujeres" que trabajaban en esos clubs. "Esas mujeres son propiedad de la organización y, por tanto, deben cumplir con sus reglas o atenerse a sanciones de diversas formas (físicas, psicológicas o pecuniarias)", señala el escrito de acusación. Algunas de estas prostitutas llegaron a ser encerradas en jaulas para perros "como castigo", según el auto del juez Velasco.

Durante las diligencias policiales, tres mujeres checas declararon que fueron llevadas a Palma desde Italia con la promesa de trabajar "como azafatas de promociones", pero una vez en la isla, "fueron recogidas en el aeropuerto y trasladadas a un club llamado Red Palace", donde "se les informó que debían practicar sexo con los clientes". Al negarse a ello, fueron encerradas en un piso hasta su liberación por la Policía.

"Las mujeres son de su propiedad y deben cumplir sus reglas o atenerse a sanciones físicas, psicológicas o pecuniarias"

Destaca el fiscal que la banda llegó a pagar "operaciones de cirugía estética" a las mujeres con el único fin "de hacerlas más productivas y obtener un mayor lucro sobre las actividades que estas realizan". Asimismo, algunas prostitutas eran utilizadas como testaferros y tenían a su nombre coches de alta gama o propiedades que disfrutaban los miembros de la organización.

También disponía la banda de un complejo entramado de blanqueo de capitales para lavar el dinero procedente de sus actividades ilícitas "a través de empresas y sociedades sitas en paraísos fiscales, en donde hacen llegar importantes cantidades de dinero en efectivo a través de correos humanos".

Frank Hanebuth, el cabecilla

De casi 2 metros de altura y 130 kilos de peso, Frank Hanebuth era el cerebro de la sucursal española de los Ángeles del Infierno. Nacido en Alemania hace 57 años, es un destacado miembro de la banda a nivel europeo, con numerosos antecedentes policiales en su país natal, como tenencia ilícita de armas o proxenetismo. Fue él quien se encargó de dar forma a la facción española en la isla de Mallorca

Arrestado en 2013 en la operación Casablanca, este exboxeador profesional pasó dos años en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad Puerto III del Puerto de Santamaría, en Cádiz. Tras quedar en libertad bajo fianza, el juez le retiró el pasaporte y le prohibió salir de España, aunque posteriormente ha recibido autorizaciones para viajar a Alemania. La Fiscalía pide para él 13 años de cárcel.

Monserrat T. Díez / EFE

Uno de sus principales colaboradores es Khalil Youssafi, de quien la Fiscalía destaca que "posee un importante nivel de vida y fuertes sumas de dinero en efectivo, sin que se le conozca actividad laboral o empresarial de importancia".

También el hermano de este, Abdelghani Youssafi, quien imponía "objetivos" a sus prostitutas: "Las mujeres que controlaba eran obligadas a obtener unas cantidades prefijadas de antemano (siendo 1 día el equivalente a 1.000 euros) antes de poder disfrutar de un descanso o de unos días libres". Tanto él como su hermano se enfrentan a más de 20 años de cárcel.

Otro de los acusados, Paul Engelke, que gestionó varios burdeles en Alemania, era dueño junto a Hanebuth de una impresionante finca en Mallorca, llamada Son Paraiso y valorada en 2,5 millones de euros. Durante el registro de esa propiedad, se intervino una escopeta recortada y cuatro fusiles. Piden para él 14 años de prisión.

También se destaca a Joachim Siegfried Kirschner, considerado "sargento de armas" de Engelke y cuya principal función era ser su guardaespaldas. "Dentro de las actividades a las que se dedicaba estaba la de amenazar y coaccionar a diferentes personas para defender los negocios de la propia organización y de sus miembros". Anticorrupción pide 5 años de cárcel.

Dos policías y un guardia civil

Entre los acusados también figuran Carlos Vallecillo y Nicanor Góngora, agentes de la Policía Local de Palma. El primero está acusado de omisión del deber de perseguir delitos, por interceder para anular denuncias a miembros de la banda, y la Fiscalía pide su inhabilitación. 

Más cargos se presentan contra Nicanor Góngora, alias Nica, acusado de cohecho y pertenencia a organización criminal por "realizar por cuenta ajena trabajos relacionados con labores policiales" para los Ángeles del Infierno "por los que cobraba ciertas cantidades de dinero". El fiscal pide para él más de 7 años de prisión.

También está acusado Francisco Valenzuela, sargento de la Guardia Civil destinado en Calvià. Está acusado de cohecho, falsedad documental y violación de secretos por acceder a bases de datos de la Guardia Civil y realizar "labores de intermediación" y "seguridad" para miembros de la banda. La Fiscalía pide para él más de 5 años de cárcel.

Hay acuerdos de conformidad

Se prevé que la mayoría de las defensas, ejercidas por algunos de los abogados penalistas más prestigiosos del país, lleguen a acuerdos de conformidad con la Fiscalía, aceptando la culpabilidad y tratando de reducir así las condenas, según explican a este periódico fuentes de esas defensas. 

Otras, como la ejercida por el letrado Juango Ospina, que defiende al sargento de la Guardia Civil y a un empresario mallorquín acusado, reclamarán la absolución de sus clientes y pedirán la nulidad de las intervenciones telefónicas que se le realizaron durante la investigación porque entienden que no fueron ordenadas respetando todas las garantías.

El juicio, que se celebra en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares, será retransmitido en streaming y durará más de 20 sesiones, según adelantan fuentes de la Audiencia. Se espera que quede visto para sentencia en abril. El tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal estará presidido por la jueza Ángela Murillo, y compuesto por los magistrados Juan Francisco Martel y Carmen Paloma González.