La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha remitido a la Audiencia Provincial de Barcelona la causa contra la exdiputada de la CUP Anna Gabriel para que sea juzgada allí por un delito de desobediencia en el marco del proceso independentista catalán.

De este modo, la Sala confirma el auto dictado por el juez Pablo Llarena, que confirma que la exdiputada, que estuvo huida de España entre 2018 y junio de 2022, no ostenta "fuero alguno", por lo que el Supremo no es el órgano judicial competente para juzgarla. 

La Sala presidida por el juez Manuel Marchena ha confirmado el auto de conclusión de sumario y ha concluido que no tiene competencia para continuar con el procedimiento. "Se declina la competencia para el conocimiento de este procedimiento en favor de la Audiencia Provincial de Barcelona, al que se remitirá el testimonio de particulares correspondiente", recoge el auto del Supremo. 

La decisión llega después de que el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, tomara declaración a Gabriel, que el pasado julio regresó a España y, voluntariamente, se presentó ante el Supremo con ánimo de comparecer. Tras pasar cuatro años huida en Suiza, la procesada negó en su declaración haber cometido un presunto delito de desobediencia y, al salir del Supremo, manifestó la esperanza de que la causa se archivase o enviase a  "un juzgado de Barcelona". 

Y así lo concluyen tanto el Ministerio Fiscal como la acusación popular (ejercida por Vox), con la conformidad de la defensa. A la exdiputada se le atribuye haber presentado en el Parlament catalán una de las leyes de desconexión que habrían contribuido a la declaración de independencia.

Lo mismo le ocurrió a su compañera Mireia Boya, que finalmente quedó absuelta. Al ser juzgada por desobediencia, Gabriel no se enfrenta a la posibilidad de una pena de prisión, dado que el tipo se castiga con multa y un máximo de 3 años de inhabilitación.