El Gobierno ha visto el filón y piensa aprovecharlo. La polémica sobre el plan contra el aborto anunciada por Vox para Castilla y León el pasado jueves ha abierto una ventana de oportunidad para el Ejecutivo en un momento en el que las polémicas volvían a arreciar en forma de rebajas de penas a agresores sexuales. Es por ello por lo que Moncloa piensa llegar hasta el final, porque además tampoco terminan de fiarse de la negativa de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, a aplicar esas medidas supuestamente pactadas. Con todo, hay en esta estrategia otra doble vertiente: permite a los socialistas recuperar la bandera del feminismo tras las dificultades atravesadas en el camino hacia la aprobación de la ley trans y agitar de nuevo la estrategia de la "coalición del miedo".

"Hay algo", afirman destacadas fuentes del entorno del presidente Pedro Sánchez, que añaden que van a "forzar" a que salga a la luz porque "algo se ha aprobado". Según este alto cargo de Moncloa, el gobierno castellanoleonés deberá ahora poner "blanco sobre negro" qué ha pasado desde que el pasado jueves el vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox) anunciara unas medidas que los 'populares' han negado desde entonces. De hecho, en público el Gobierno central admite que de momento es un "protocolo fantasma". Incluso, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, reconoció ayer que "no existen documentos" aprobados que prueben ese "retroceso" para los derechos de las mujeres.

Mañueco escribe a Sánchez que no habrá ningún cambio en el protocolo sobre el aborto y le acusa de difundir "falsedades"

No obstante, esa falta de pruebas no ha sido óbice para que el Gobierno siga desplegando su estrategia. Pese a decir el lunes el PSOE que optarían por esperar a la respuesta del requerimiento jurisdiccional enviado el domingo, el martes el Gobierno hizo pública la aprobación de uno nuevo. Lo anunciado, eso sí, es diferente al de hace días y tiene como fin declarar la incompetencia de la Junta castellanoleonesa para aprobar las pretensiones de Vox, que pasan por instar a los médicos de la comunidad a ofrecer a las embarazadas la posibilidad de escuchar el latido del feto, de contemplar una ecografía 4D (con imagen en movimiento) y de recibir asistencia psicológica. En pocas palabras: supone la apertura del Gobierno de una vía para llevar al Tribunal Constitucional las posibles coacciones hacia las mujeres que quieran abortar.

Asimismo, las fuentes consultadas rechazan la carta publicada por Mañueco en Twitter que tiene como destinatario al presidente del Gobierno. En la misiva, el presidente popular muestra su preocupación sobre la declaración de la incompetencia de Castilla y León, al tiempo que exige que las actuaciones del Ejecutivo en este asunto se basen en "hechos" y no en "falsedades prolongadas en el tiempo". No es suficiente para el Gobierno, que solo se conformará con una rectificación plena y pública.

Las dudas sobre la existencia de ese supuesto "pacto secreto" también se extienden por Ferraz, sede general del PSOE. Fuentes autorizadas de la formación socialista no aventuran que el documento exista sí o sí, pero afirman que las declaraciones de Vox "no parecen" referirse al pacto de gobierno que firmaron ambos partidos a comienzos del pasado año para que echase a andar el primer gobierno de coalición entre los populares y los de Abascal. 

"Por lo que dice Vox, [el acuerdo] parece existir y deberían hacerlo público", reclaman estas fuentes. En este sentido, tildan de "inquietante" que se hable "tanto" de esos "supuestos acuerdos", pero que "ninguno de los implicados" los concrete o enseñe un papel. "No pueden intentar gobernar la comunidad pasándose papeles por debajo de la mesa", concluyen.