La intención del nuevo Tribunal Constitucional (TC) que acaba de estrenar mayoría progresista y presidente, Cándido Conde-Pumpido, es clara: priorizar los asuntos más antiguos que tiene en cartera el órgano de garantías para dar salida a cuestiones que, en ocasiones, llevan años a la espera de sentencia. Es el caso de la ley del aborto, que lleva doce años y medio en un cajón del tribunal y que ahora podría ver por fin la luz. La mayoría progresista, además, allana el camino hacia una sentencia favorable, pero no solo en esta norma, sino en las numerosas leyes sociales del Gobierno de Pedro Sánchez que han sido recurridas por la oposición. 

El bloque progresista se ha hecho tanto con la presidencia como con la vicepresidencia del tribunal, puesto este último que ha recaído en la magistrada Inmaculada Montalbán, que tomó posesión hace poco más de un año. Se ha roto así el acuerdo tácito que había imperado en toda la democracia en este órgano y que solía otorgar la vicepresidencia a otro miembro de la misma antigüedad que el presidente y que fuera del bloque contrario. 

La presidencia para el ala progresista puede resultar determinante para leyes de gran valor para el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Cándido Conde-Pumpido tiene ahora la potestad de manejar los tiempos y la reorganización de los asuntos pendientes, por lo que en su mano está, y consecuentemente en el bloque mayoritario, dar prioridad al estudio de unas sentencias sobre otras. El presidente, además, tiene voto de calidad, lo que le otorga la capacidad de desempate.

Conde-Pumpido ya ha comunicado al resto de magistrados del Constitucional la convocatoria de un Pleno gubernativo el próximo martes para distribuir las salas y secciones del tribunal, lo que implicará también una reorganización de las ponencias de algunos asuntos. El primer Pleno jurisdiccional, para resolver sobre la admisión o no de los asuntos planteados al TC y el fondo de los mismos, se espera para la siguiente semana, la del 23 de enero.

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La idea de Conde-Pumpido es que el trabajo del nuevo Constitucional empiece contestando a los asuntos que llevan más tiempo en la recámara, entre los que destaca el recurso presentado en 2010 por diputados del PP contra la ley del aborto que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -la conocida como ley de plazos-. El futuro de este recurso es vital para la nueva ley del aborto que acaba de aprobar el Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

A este asunto se sumó posteriormente un recurso de Vox contra la ley que penaliza el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. 

En la mira del Constitucional renovado están igualmente los dos recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo y contra la pérdida de su escaño. La Fiscalía se ha mostrado a favor de concederle el amparo por esto último, pero no por la condena, según informa Europa Press.

También siguen en el tintero los recursos de Vox y PP contra las dos reformas operadas en los últimos años sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). La primera, de marzo de 2021, prohibió al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos discrecionales cuando se encuentre en funciones; la segunda, del pasado mes de julio, devolvió a este órgano su poder para designar solo a sus candidatos al TC. La primera reforma fue impugnada por Vox y por el PP. Ambos recursos fueron admitidos, pero el fallo sigue pendiente. En la misma situación se encuentra el recurso de los populares contra la segunda modificación.

Además, el Constitucional aún debe resolver el fondo de los recursos de PP y Vox contra la forma en que se tramitó en el Congreso y en el Senado la reforma para desbloquear la renovación del propio tribunal de garantías, cambio legal que desembocó el pasado diciembre en una de las mayores crisis institucionales por el choque entre el TC y el Poder Legislativo cuando el primero impidió a la Cámara Alta la votación.

El 25%, la ley de eutanasia y la 'ley Celáa'

El Constitucional tiene igualmente sobre la mesa los recursos de PP y Ciudadanos contra la ley catalana que sortea la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que reafirma la obligación de que al menos el 25% de las clases en Cataluña sean en castellano.

Entre los asuntos que aguardan respuesta, destacan asimismo los recursos admitidos de Vox y PP contra la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como 'ley Celaá'. El entonces líder del PP, Pablo Casado, calificó la norma como "un atentado contra la libertad" y contra la calidad y unidad del sistema educativo. En concreto, afeó que ataca al castellano como lengua vehicular en toda España, que permita "pasar de curso con más asignaturas suspensas" y que impida elegir centro educativo.

Tampoco se ha resuelto la impugnación de Vox contra la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia. Los de Santiago Abascal reprochan que se incluya la obligatoriedad de que todos los menores reciban "educación afectivo sexual", una medida que, según opinan, "incorpora normativamente una ideología estatal en la que forzosamente se pretende adoctrinar a los alumnos".

En el plano social, la corte de garantías admitió también los recursos de PP y Vox contra la ley que regula la eutanasia, que permite practicarla a pacientes que lo soliciten y que tengan un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable".

Vox alegó que la ley es inconstitucional porque, a su juicio, el Estado tiene como "primera obligación" defender la vida y no puede convertirse "en cómplice de la muerte", mientras que el PP expuso que, con "125.000 fallecidos por coronavirus", en junio de 2021 no era el "mejor momento para abordar" este tema.

La accidentada votación de la reforma laboral

Otros recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados por Vox, PP y el diputado Alberto Casero contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por la votación del 3 de febrero de 2022 de la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado popular, que se sumó por error a los 'síes' al decreto del Gobierno.

Tanto Vox como el PP sostienen que la decisión de Batet de no permitir que Casero votara después de forma presencial, para enmendar su equivocación, supuso "hurtar la voluntad popular". Posteriormente, un informe de los letrados del Congreso determinó que el voto telemático del diputado fue válido, descartando así el error informático y apuntando a un fallo humano.

El TC también ha admitido pero no resuelto las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto, que, entre otras cosas, limita la temperatura de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados, respectivamente, en inmuebles de administraciones públicas, establecimientos comerciales, espacios culturales o transportes.