Cándido Conde-Pumpido ya es presidente del Tribunal Constitucional (TC). Por una ajustada mayoría de seis a cinco que ha constatado la división del bloque progresista del órgano, el magistrado ha superado a la otra candidata, María Luisa Balaguer, quien ha obtenido el respaldo del ala conservadora. Las primeras palabras del ex fiscal general del Estado ante sus compañeros han ido encaminadas a dejar clara su defensa de la Constitución, las leyes y la unidad del Estado. 

Según fuentes del tribunal, Conde-Pumpido ha advertido de que "la Constitución no permite ni la secesión, ni la independencia ni la autodeterminación". Una intervención que esconde una segunda intención: dejar clara su firme postura ante las voces críticas que renegaban de su nombramiento por su cercanía con el PSOE de Pedro Sánchez.

El magistrado gallego, que lleva desde 2017 en el TC, ha expresado así su rechazo al proceso soberanista en Cataluña, como ha hecho varias veces en sus intervenciones públicas y en sus escritos en el tribunal. De hecho, los discursos que había pronunciado sobre este asunto fueron el motivo por el que tuvo que apartarse del estudio de los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo.

Junto con Conde-Pumpido, la también magistrada progresista Inmaculada Montalbán ha sido nombrada vicepresidenta del tribunal de garantías, igualmente por seis votos frente a cinco, lo que significa que uno de los magistrados de este bloque ideológico ha votado al candidato conservador, Ricardo Enríquez. 

Es tradición en el TC que los presidentes y vicepresidentes sean los miembros de más antigüedad (si cada miembro pasa nueve años en el órgano, son elegidos aquellos que están en el tercio final de su mandato). Las votaciones no han seguido este cauce y tampoco se ha cumplido un segundo acuerdo no escrito que dice que el vicepresidente será del bloque contrario al que pertenece el presidente. Que dos magistrados del mismo signo confluyan en los puestos de mayor rango del Constitucional es un hecho inédito en la historia de la democracia. 

TC

El ex fiscal general del Estado durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, histórico aliado del Partido Socialista y veterano magistrado ha salido victorioso gracias al apoyo de su bloque, que a excepción de Balaguer ha volcado su apoyo en la candidatura de Conde-Pumpido. Los resultados llegan tras una semana de disputas internas entre los siete progresistas del Constitucional, que son mayoría.

El grupo de magistrados trató de llegar a un consenso el martes retirando una de las dos candidaturas, pero Balaguer y Conde-Pumpido mantuvieron su intención de aspirar a la presidencia. Quizás porque ambos confiaban en recibir el voto de la magistrada María Luisa Segoviano, recién llegada a la corte de garantías, que tenía en sus manos el curso de la votación. Esto se debe a que los cuatro conservadores (muy reacios a la candidatura de Conde-Pumpido) habían manifestado su apoyo a Balaguer y casi todos los progresistas estaban dispuestos a apoyar al ex fiscal general.

La recién llegada no reveló en ningún momento el sentido de su voto, que finalmente ha dirigido a Conde-Pumpido. Balaguer se queda finalmente sin la presidencia del tribunal y sin el apoyo de ninguno de los miembros de su bloque. Y Conde-Pumpido accede a un cargo de gran relevancia institucional, una de las máximas aspiraciones de cualquier magistrado (y el cargo público mejor remunerado de todo el Estado español). 

Desde ahora y hasta 2026, será el responsable de ordenar los debates del órgano de garantías y controlar los tiempos de resolución de los asuntos pendientes. Como presidente,  debe convocar los plenos del Constitucional y redactar el contenido del orden del día. En caso de que una votación quedase empatada (imposible mientras uno de los 12 asientos permanezca vacío), la condición de líder del tribunal otorga a Conde-Pumpido el llamado "voto de calidad", que cuenta por dos en caso de empate.  

El culmen de una renovación costosa

El nombramiento de Conde-Pumpido pone fin a la renovación del Tribunal Constitucional y lo hace de la forma menos deseada por el sector conservador de la judicatura. La clave del nombramiento reside, de hecho, en los cuatro magistrados que el pasado lunes sustituyeron al expresidente Pedro González-Trevijano, el exvicepresidente Juan Antonio Xiol y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. 

Dos de estos nuevos magistrados, Juan Carlos Campo y Laura Díez, fueron nombrados por el Gobierno y eran claramente propensos a apoyar la candidatura de Conde-Pumpido. Los otros dos, César Tolosa y María Luisa Segoviano, fueron escogidos por el Consejo General del Poder Judicial tras meses de una disputa interna que en el fondo estaba centrada en el nombramiento del ex fiscal general. 

Los conservadores del CGPJ rechazaron la candidatura progresista, la de José Manuel Bandrés, por asumir que este magistrado apoyaría a Cándido Conde-Pumpido. En su lugar propusieron a Segoviano, confiando tal vez en que apoyaría a Balaguer, cosa que finalmente no ha ocurrido. 

El futuro del Tribunal Constitucional

Con Conde-Pumpido a la cabeza y el respaldo de una mayoría progresista, el recompuesto Tribunal Constitucional deberá enfrentarse a varias sentencias de calado. Una tarea de peso no solo por la importancia de las decisiones pendientes, también por la cantidad de tarea en el horizonte. Durante un año y medio de calma, los armarios del Constitucional han ido acumulando folios, trabajo que se debe desempolvar. 

Entre todas las decisiones que debe tomar el órgano de garantías, la aprobación o no del recurso que el Partido Popular presentó contra la ley del aborto es una de las más importantes, entre otras cosas porque lleva pendiente de resolución desde el año 2010. 

Durante 12 años, el Constitucional ha apartado este recurso, cuya admisión no es preferencia ni siquiera para el partido que lo presentó. El propio PP pudo derogar la ley bajo la mayoría absoluta de Mariano Rajoy y no lo hizo. El expresidente Pedro González-Trevijano prometió que se haría cargo de presentar un borrador de la sentencia, pero no cumplió la promesa. 

Según fuentes del Constitucional, el recién nombrado Conde-Pumpido ha señalado a este respecto que celebrará un Pleno gubernativoel próximo martes para distribuir las secciones y salas del tribunal. Según las citadas fuentes, Conde-Pumpido se ha fijado entre sus objetivos dar salida a los más de 100 asuntos pendientes, empezando por dar respuesta a los más antiguos, entre ellos el recurso del PP contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

También están pendientes de resolución los recursos de PP y Vox a la ley orgánica de regulación de la eutanasia, en vigor desde marzo de 2021, y a la ley Celáa, introducida en 2020. A ellos se suma el recurso conjunto de PP y Ciudadanos a la normativa de la Generalitat que trata de incumplir la sentencia que obliga a impartir el 25% de las materias troncales cursadas en escuelas catalanas en español. La corte de garantías debe decidir sobre otros muchos asuntos, entre ellos el escaño del exdiputado Alberto Rodríguez o la aprobación de la reforma laboral gracias al voto de Alberto Casero.