La reforma del delito de malversación, pactada por el Gobierno de coalición y ERC el pasado 22 de diciembre, puede conllevar a las primeras reducciones de condena después de su entrada en vigor el próximo viernes. De esta forma, un juez de la Audiencia Nacional ha pedido revisar el 'caso Acuamed', que engloba una trama corrupta de presuntas adjudicaciones de contratos para obras hídricas y medioambientales bajo los gobiernos de PP y PSOE, entre 2007 y 2014.
Según el auto al que ha tenido acceso 20minutos, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional pregunta a la Fiscalía Anticorrupción si quiere ajustar las penas que solicita para los acusados por malversación en esta causa, en base a la reforma del artículo 432 del Código Penal para adaptarlo a la nueva redacción.
En este caso la petición de penas para los investigados asciende a más de nueve años de cárcel y por este motivo el magistrado "solicita la transformación a sumario de las presentes actuaciones", ya que con la modificación del Código Penal el delito no superaría la barrera de los nueve años de prisión. Por este motivo, los líderes de esta trama de corrupción podrían ver reducidas sus condenas en una investigación que se dilatará hasta el 29 de marzo de 2023, según ha acordado el juez.
Entre los motivos que justifican esta última prórroga en la investigación, el magistrado Joaquín Gadea admite la "trascendencia y complejidad de la causa, así como que la probabilidad de que la finalización de las diligencias imponga la práctica de nuevas diligencias".
Reforma del delito de malversación
A grandes rasgos, la reforma de la malversación busca rebajar las penas para los cargos públicos que, aunque hayan utilizado dinero público para fines para los que no estaba destinado, no hayan tenido "ánimo de apropiarse" del mismo para lucro personal. La redacción reduce el castigo a los políticos que, sin quedarse con el dinero, pongan en marcha un "desvío presupuestario irregular" y tendrían un castigo de hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación.
Además, la reforma introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico español el delito de enriquecimiento ilícito, pensado específicamente para los políticos, que serviría para castigar a los cargos públicos que tengan un enriquecimiento que no puedan justificar y que sea superior en al menos 250.000 euros a sus ingresos durante el tiempo que ocupen un puesto en la administración y los cinco años posteriores. Dicho delito se castigará con una pena de prisión de hasta tres años, de dos a siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y una multa de hasta tres veces el enriquecimiento ilícito conseguido.
Cronología del caso Acumed
En el 'caso Acuamed' se investigan presuntos delitos de malversación, así como de fraude, cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos.
El juzgado dirigido por Manuel García Castellón pone el foco en la presunta adjudicación fraudulenta por parte de Acuamed de obras a una decena de compañías y en la falsificación de certificaciones y liquidaciones para aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de los contratos del organismo público.
Fue el pasado 29 de noviembre cuando la fiscal anticorrupción pidió transformar a sumario, procedimiento que se sigue cuando se investigan hechos que podrían ser constitutivos de delitos con penas mayores de nueve años de cárcel, así como la declaración indagatoria de los imputados.
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