La Comunidad de Madrid aligerará la burocracia urbanística para aumentar el parque de vivienda pública y facilitar la inversión en la región con la aprobación de este jueves, en la Asamblea, de la Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración, conocida como 'Ley Ómnibus'.

Con la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso logra la modificación de 50 textos normativos que refuerzan tanto "la seguridad jurídica como la agilidad y eficacia de los organismos públicos", han señalado fuentes regionales a 20minutos.

Los ayuntamientos con parcelas públicas de suelo calificado como equipamiento o dotacional que no han cumplido su destino y se convierten en un "vacío urbano", tendrán la oportunidad con la Ley Ómnibus de levantar en ellas viviendas públicas sin necesidad de realizar antes una modificación del planeamiento. "Esta medida facilitará luchar contra el éxodo de la población joven en pequeños municipios", han explicado.

En esta línea, se podrá constituir sobre terrenos que formen parte de los Patrimonios Públicos del Suelo un derecho de superficie para, por ejemplo, la construcción bajo un régimen concesional de viviendas públicas sujetas a algún régimen de protección como el vigente Plan Vive de la Comunidad de Madrid. "Se trata de ampliar los fines de estos con el objetivo de adaptarlos a los previstos en la legislación básica estatal y posibilitar su uso para la reactivación económica e impulsar las operaciones de regeneración urbana", han señalado.

Además, esta ley integra y regula las "transferencias de aprovechamiento urbanístico en suelo urbano". Esta operación, bajo el control municipal, supondrá una justa distribución del aprovechamiento, así como una eficaz herramienta para conjugar las necesidades del interés general y el particular al permitir una actuación en suelo urbano consolidado.

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, destacó hace unos meses que la aprobación de esta norma "supone la reforma más ambiciosa de la Ley de Suelo desde su promulgación hace 20 años". También señaló que, tras escuchar las peticiones del sector, "el Gobierno regional ha cumplido su compromiso de garantizar un marco legal favorable al emprendimiento y el desarrollo de proyectos e inversiones, con un efecto palanca sobre toda nuestra economía".

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Por otro lado, la Ley Ómnibus pondrá fin a un problema que se arrastra desde los años 80, época de la que datan la mayoría de las normas urbanísticas municipales. Anteriormente, no existían determinadas actividades como por ejemplo los alojamientos turísticos o la instalación de placas fotovoltaicas. En consecuencia, dichas actividades económicas no podían estar previstas y recogidas como usos compatibles en los planeamientos.

Por ello, se ha modificado la redacción de la Ley de Suelo para que, en el no urbanizable de protección -siempre que la legislación sectorial lo permita-, se puedan autorizar el ejercicio de dichas actividades mediante calificación urbanística cuando el plan y las normas sectoriales no los prohíba expresamente.