Desde que se conoció la reforma de la malversación pactada por el Gobierno y los socios de ERC, no ha dejado de recibir críticas, también por parte de fiscales y jueces progresistas, a priori más favorables a las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez. Tanto la Unión Progresista de Fiscales (UPF) como la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han arremetido contra estos cambios en el Código Penal. La primera por considerar la reforma "apresurada" y los segundos porque "no cabe tolerancia contra la corrupción" y la modificación "no es correcta". 

La Unión Progresista de Fiscales ha mostrado este miércoles su oposición a la reforma a través de un comunicado en el que, si bien no se ha referido explícitamente a la malversación, se ha pronunciado sobre "las últimas y diversas modificaciones del Código Penal", entre las que se encuentran la modificación de este delito.

"El Código Penal es una norma fundamental del Estado de Derecho y sus modificaciones no pueden realizarse de manera apresurada, deben realizarse siempre atendiendo el interés general de toda la ciudadanía y con los más elevados estándares de técnica legislativa", asegura el texto de UPF.

El problema, asegura la asociación a la que pertenece el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es "la técnica legislativa utilizada", porque "priva de los preceptivos informes del Consejo de Estado, el CGPJ y el Consejo Fiscal", ya que se hace vía proposición de ley y no proyecto de ley. Informes que son, según la UPF, "un elemento fundamental" para dotar a la ley de una mayor técnica legislativa y "advertir de las posibles consecuencias en su aplicación". Las prisas por publicar las reformas legales impiden el debate "público, prudente y sosegado que debe preceder a tan importantes cambios normativos", han zanjado los fiscales. 

Los jueces progresistas han declarado, directamente, que la reforma de la malversación "es un error". "No cabe tolerancia contra la corrupción, cualquiera sea la forma en que tenga lugar", han señalado a través de su cuenta de Twitter. Según ha informado la asociación progresista a 20minutos, no harán más declaraciones hasta la publicación de la ley, en tanto que "podría haber nuevas reformas". 

Por otro lado, los jueces progresistas se ha mostrado afines a la estrategia del Gobierno para zanjar los nombramientos del Tribunal Constitucional, bloqueados por el órgano de gobierno de los jueces desde septiembre. "Defender la renovación de instituciones como el CGPJ o el Tribunal Constitucional es defender la democracia. Frente al boicot y las argucias de quienes emulan a Trump, pedimos al PP y a Alberto Núñez Feijoo que respeten la Constitución", señalaron, también a través de Twitter, este martes.