La ley del aborto que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lleva doce años y medio en un cajón del Tribunal Constitucional (TC). El texto fue recurrido en 2010 por el PP y el órgano aún no se ha pronunciado. En este tiempo, la ponencia ha ido cambiando de manos y ninguno de los magistrados encargados de la sentencia ha logrado el apoyo necesario a su propuesta en el Pleno. El hecho de que desde hace años el tribunal de garantías cuente con una mayoría conservadora ha podido influir en esta tardanza, de ahí que el Gobierno quiera que la renovación del órgano, que se tenía que haber acometido el pasado junio, se materialice cuanto antes y se invierta la tendencia para que el TC pase a tener una mayoría a priori más favorable a la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Esta es una de las claves que ha llevado al PSOE y Unidas Podemos a plantear una reforma legal con la que pretenden obligar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que nombre de una vez a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden, después de meses postergándolo. Como al Gobierno de coalición le toca nombrar a los otros dos magistrados, el tribunal pasaría así a tener mayoría progresista, a priori más favorable a dar el visto bueno a leyes sociales como la del aborto.

El camino del Gobierno con la malversación: silencio, negación, ambigüedad... y reforma

La también llamada ley de plazos del Gobierno de Zapatero se lleva aplicando más de doce años, pues un recurso de inconstitucionalidad no impide su puesta en marcha. Tras la salida del PSOE del Ejecutivo en 2011, el PP de Mariano Rajoy llegó a la Moncloa con mayoría absoluta, pero en los años que estuvo en el poder no cambió el grueso de la ley, a pesar de haberla recurrido, y tan solo la modificó para que las jóvenes de entre 16 y 18 años necesitaran el consentimiento paterno para poder abortar.

Ahora, el Gobierno de coalición que integran PSOE y Unidas Podemos ha aprobado una nueva reforma de la ley de plazos. Esta norma mantiene, como la versión original, el aborto libre hasta la semana 14 de gestación, recupera la opción de que las menores de entre 16 y 18 años puedan interrumpir su embarazo sin consentimiento de sus tutores legales, incorpora medidas relacionadas con la salud menstrual y prevé un registro de médicos objetores de conciencia.

El retraso en un pronunciamiento del Constitucional de más de una década ha llevado a que la ley de 2010 siga pendiente de sentencia mientras una norma nueva se tramita en las Cortes Generales. Desde hace un año, además, la ponencia sobre el recurso del PP está en manos del magistrado de tendencia conservadora Enrique Arnaldo, nombrado hace un año a propuesta de los populares. 

La ponencia le tocó a Arnaldo por turno de reparto -los magistrados salientes pasaron sus asuntos a los nuevos- y de momento no se conoce cómo de avanzada está la propuesta que debe elevar al Pleno del tribunal ni en qué sentido la va a redactar. Antes de Arnaldo, el recurso del PP fue adjudicado, también por reparto, a Andrés Ollero, quien no logró el consenso suficiente para su dictamen.

La ponencia requiere una aprobación por mayoría para salir adelante. Y este es uno de los motivos por los que la ley de 2010 lleva más de una década sin sentencia: ha habido varios borradores en los que han venido trabajando magistrados y letrados, pero ninguno ha llegado al máximo órgano de decisión al no convencer al resto de compañeros del órgano.

De ahí el interés del Gobierno por que se materialice el cambio de tendencia en el Constitucional. En esta renovación pendiente desde junio, tendrían que dejar el tribunal tres magistrados de tendencia conservadora -el presidente Pedro González-Trevijano, Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez- así como un progresista -el vicepresidente Juan Antonio Xiol-, y entrarían en su lugar tres progresistas -dos nombrados por el Gobierno y uno por el CGPJ- y un magistrado conservador -designado por el órgano de gobierno de los jueces, que siempre nombra uno de cada tendencia-. De este modo, los progresistas serían mayoría por siete magistrados frente a cuatro conservadores -la plaza de Alfredo Montoya sigue vacante, pues se dio de baja hace unos meses por enfermedad-.

La renovación, además, acarrearía un cambio en la presidencia del TC y le correspondería ocuparla a un progresista. Esto podría ayudar también a desbloquear la sentencia sobre la ley del aborto para que el borrador sea enviado y debatido en el Pleno.

Un cambio a una mayoría progresista facilitaría previsiblemente una sentencia favorable a la ley del aborto de 2010 y, por tanto, daría al Ejecutivo la tranquilidad de saber que la nueva norma podrá seguir su implantación sin contratiempos.

Y no solo el aborto. Aunque es el caso más paradigmático, hay otras leyes sociales de este Gobierno que también han sido recurridas por el PP y Vox. Es el caso de la ley de regulación de la eutanasia, la de educación, la de memoria democrática o la del 'solo sí es sí'.