• Ofrecido por:
Mar Ugarte Adjunta a Presidencia del CEDDD, Consejo Español de la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia.
OPINIÓN

Todos somos iguales ante la ley, pero diferentes en nuestras necesidades

Imagen de archivo de una persona con discapacidad trabajando.
Imagen de archivo de una persona con discapacidad trabajando.
EP
Imagen de archivo de una persona con discapacidad trabajando.

Con motivo del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se ha hecho un uso desmesurado de la palabra ‘inclusión’ desde todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, la inclusión real y efectiva de este colectivo sigue siendo una entelequia.

La verdadera inclusión pasa por conseguir la convivencia en la que personas con y sin discapacidad se confundan; en la que los ojos solo vean diversidad. Porque la inclusión no es un lugar o un espacio; la inclusión real es convivencia natural.

Tanto lo creemos así, que en el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) predicamos con el ejemplo, pues somos la plataforma más transversal, plural, diversa y libre que trabaja por los derechos e intereses de personas, asociaciones y entidades comprometidas con los ámbitos de la Discapacidad, la Dependencia y las Personas Mayores.

Bajo este prisma, entendemos que para conseguir ese estado ideal de convivencia natural es necesario proporcionar a quienes lo necesiten los apoyos y los medios para desarrollar un proyecto de vida. En la infancia y la juventud con una educación de calidad, y en la edad adulta garantizando el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral en situación de equidad. Porque todos somos iguales ante la ley, pero diferentes en nuestras necesidades. La inclusión es equidad.

A este respecto, resulta fundamental modificar la Ley de Contratos del Sector Público para garantizar el principio de igualdad de oportunidades. La actual redacción de la norma imposibilita el acceso a la contratación pública de los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial, en los que trabajan miles de personas con discapacidad, lo cual comporta una exclusión a la contratación.

Asimismo, la tan ansiada inclusión pasa también por avanzar en accesibilidad en el sentido más amplio de la palabra: tanto con la creación de espacios y entornos y seguros, como con la facilitación de servicios accesibles a todas las personas; esto último implica acabar con las barreras físicas, y en el caso de las zonas rurales también las distancias físicas, y cognitivas.

Cada persona ha de poder ser libre para elegir las opciones que mejor encajen en su modo de vida y los poderes públicos han de ser garantes de ese derecho, facilitando el acceso a ayudas, sanidad, pensiones, educación, empleo… A la sociedad civil, por su parte, le toca el respeto a la diversidad, porque el camino a la inclusión ha de ser labrado por todos.   

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