La Fiscalía Superior de Cataluña recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que absuelve al conseller de Empresa, Roger Torrent, y a los miembros soberanistas de la Mesa que presidió en el Parlament, quienes estaban acusados de desobediencia al Tribunal Constitucional.

Según ha informado el Ministerio Público, la Fiscalía ha anunciado a la sala civil y penal del TSJC su intención de recurrir la sentencia absolutoria, para lo que esgrimirá, entre otros argumentos, la negativa del tribunal a suspender el juicio a la espera de que se resolviera la recusación del magistrado Carlos Ramos.

El recurso del ministerio público se basa en un posible error en la apreciación de las pruebas del juicio por parte del tribunal, que absolvió a Torrent así como a los exdiputados Adriana Delgado, de ERC, y Eusebi Campdepadrós y Josep Costa, de Junts, al descartar que desobedecieran al Constitucional al permitir la tramitación de dos resoluciones soberanistas y de reprobación de la monarquía.

El argumento de la sentencia, que cuenta con el voto particular de una magistrada, es que las resoluciones en cuestión, que se tramitaron el 22 y el 29 de octubre de 2019, no tenían "continuidad" respecto el proceso "unilateral" de independencia iniciado en 2015.

Meses antes, el TSJC había apartado de la sala que debía juzgar a Torrent al presidente del alto tribunal catalán, Jesús María Barrientos, quien preside todo los juicios de la sala civil y penal, y al magistrado Carlos Ramos, después de que ambos fueran recusados por las defensas por sospechas de falta de imparcialidad.

Una semana antes de iniciarse el juicio, la Fiscalía presentó un último recurso contra la recusación de Ramos y, ya en las cuestiones previas de la vista oral, solicitó a la sala su aplazamiento a la espera de que el TSJC lo resolviera, petición que los jueces rechazaron.

Por ese motivo, el ministerio público argumentará ante el Supremo que en el juicio se denegó una "diligencia de prueba" que había propuesto, dado que la sala rechazó incorporar como documento el testimonio íntegro de la pieza sobre la recusación de Carlos Ramos y también la suspensión de la vista oral.

Ello motivó sendas protestas del ministerio público a efectos de un posterior recurso de casación contra la sentencia ante el Tribunal Supremo.

Cuando el tribunal decidió que el juicio debía seguir adelante, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio afirmó tener "la impresión, probablemente equivocada", de que existía una "intención clara" de que la vista no se celebrase.

En ese contexto, advirtió de que corría un "bulo" de que el juicio contra Torrent "forma parte de la tanda de procedimientos judiciales que se han llevado a la mesa de negociación, en lo que se viene a llamar la desjudicialización y en la que se pretende el archivo de las causas penales por el procés".

"Estoy seguro de que es un bulo y que la sala no se encuentra afectada ni de refilón por él", agregó Pérez de Gregorio.

En la segunda sesión del juicio, el fiscal sembró dudas sobre el tribunal, al cuestionar si una magistrada de la sala de recusaciones participó en la deliberación en que se decidió desoír la petición del ministerio público de suspender el juicio.

En concreto, el fiscal pidió la palabra para advertir que había tenido "conocimiento" de que una magistrada de la sala de recusaciones, que el día anterior había seguido parte de la vista entre el público, participó o estuvo presente en la deliberación, lo que el presidente del tribunal, Carlos Mir, negó de forma tajante