El abogado que defiende al Parlamento Europeo en el asunto sobre la inmunidad parlamentaria del expresidente de la Generalitat huido Carles Puigdemont ha defendido este viernes en la vista ante el Tribunal General de la Unión Europea que la institución ha tenido un trato extremadamente abierto" con el líder independentista hasta el punto de permitirle ocupar el escaño "probablemente de manera ilegal" porque lo hizo sin que España les proclamara eurodiputado.
"Se les permitió tomar asiento en el Parlamento Europeo y, como hemos visto por una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, probablemente de manera ilegal, porque el Parlamento Europeo nunca ha recibido notificación de que los demandantes hayan sido nombrados o elegidos parlamentarios en España", ha expresado el letrado en su exposición al inicio de la vista.
El abogado de la Eurocámara reaccionaba así a la primera intervención de la defensa de Puigdemont y los otros dos exconsellers huidos de la justicia española elegidos eurodiputados por JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, que ha alegado que la institución no respetó los derechos de sus representados al tramitar los suplicatorios para suspender sus inmunidades y ser juzgados en España. "Les pedimos que protejan a mis clientes del propio Parlamento Europeo", ha expuesto el abogado de los políticos independentistas en la vista, Gonzalo Boye.
"Les pedimos que protejan a mis clientes del propio Parlamento Europeo", ha expuesto el abogado de los políticos independentistas en la vista, Gonzalo Boye
La defensa del expresidente catalán huido Carles Puigdemont argumentó el pasado jueves por la tarde ante el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que las euroórdenes que emitió el Tribunal Supremo para poderle juzgar en España podrían haberse evitado si la Eurocámara hubiera defendido su inmunidad.
Un argumento con el que sentó las bases de la discusión que tendrá lugar este viernes en el mismo tribunal sobre si el Parlamento Europeo actuó o no correctamente a la hora de levantarle a Puigdemont la inmunidad parlamentaria, aceptando el suplicatorio que pidió el TS para poder juzgarle por la causa del 'procés'.
El 10 de diciembre de 2019, el entonces presidente de la Eurocámara, David Sassoli, evitó tramitar la solicitud que le hicieron 38 eurodiputados para que defendiese la inmunidad de Puigdemont y esa decisión, según su abogado Gonzalo Boye, produjo "efectos jurídicos" contrarios a los intereses del expresidente de la Generalitat.
Y es que si la hubiese tramitado, alegó Boye, el TS tendría que haber "suspendido" la causa contra Puigdemont y no haber emitido las euroórdenes, a la espera de saber qué decisión hubiera adoptado la Eurocámara respecto a la inmunidad del líder independentista.
Sin embargo, el abogado del Parlamento, Niklas Görlitz, alegó que Sassoli no pudo empezar el proceso para defender la inmunidad de Puigdemont porque este no se lo pidió y añadió que, en cualquier caso, de haberlo hecho, no hubiera tenido "efectos vinculantes" para la justicia española.
Un posicionamiento, este último, que compartió la abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis.
De esta forma, unos y otros sentaron las bases sobre la discusión de este viernes, en la que Boye alegará que el suplicatorio que pidió el Supremo para que Bélgica extradite a Puigdemont es ilegal porque lo solicitó después de haber emitido las euroórdenes, sin esperar a saber si la Eurocámara le levantaba o no la inmunidad.
El abogado defensor de Puigdemont, Gonzalo Boye, alegará este viernes que el suplicatorio que pidió el Supremo para que Bélgica extradite a Puigdemont es ilegal porque lo solicitó después de haber emitido las euroórdenes
La vista de este viernes entrará de lleno en la cuestión del suplicatorio, la causa principal que determinará el futuro judicial de Puigdemont y de los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Posatí, a quienes también reclama el TS.
Para pedir la anulación del suplicatorio, Boye argumentará también que los tres eurodiputados son víctimas de una persecución política y para reforzar su argumento, aducirá que prueba de ello es la reforma del delito de sedición que ha plateado el Gobierno de España y que tramita ya el Congreso.
Según sus abogados, el cambio del Código Penal refuerza su tesis de la persecución porque a lo largo de la causa del 'procés', los delitos por los que el TS ha reclamado su extradición han ido cambiando, primero por rebelión, después por sedición y, si se aprueba la reforma, por uno posible de desórdenes públicos agravados.
Argumentarán también que la comisión parlamentaria que aprobó su suplicatorio y los de los eurodiputados de JxCAT Toni Comín y Clara Ponsatí no actuó de forma imparcial, y que el TS no es el competente para reclamarlo.
El Parlamento Europeo, sin embargo, consideró que no debía entrar a analizar si el TS es o no el competente para pedir el suplicatorio, que decidió aprobar porque consideró que los hechos por los que le reclama la justicia española ocurrieron antes de que Puigdemont fuese eurodiputado.
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