La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado este jueves que la propuesta de reglamento para que la UE acelere la implantación de renovables que permite que los Estados miembros se salten trámites medioambientales o de consulta pública es "confusa" y "desequilibrada", por lo que pedirá aclaraciones para que España dé su 'sí' definitivo previsiblemente a mitad de diciembre.

"Creemos que es un texto confuso, desequilibrado y que puede llevar a una gran litigiosidad por parte de promotores de renovables y de defensores ambientales", ha dicho Ribera en rueda de prensa al término del Consejo extraordinario de Energía que ha dejado en suspenso la aprobación del reglamento para acelerar la implantación de renovables hasta que se logre un acuerdo también para limitar el precio del gas, en principio el 13 de diciembre.

A pesar de que este jueves se ha llegado a un "acuerdo político" sobre la regulación sobre renovables -y sobre acuerdos de solidaridad en la UE con países que se queden sin gas-, y que así lo ha anunciado la Presidencia checa de la UE en redes sociales, fuentes gubernamentales indican que el texto sigue abierto porque no se cerrará hasta que no haya un límite del precio del gas. 

Sostienen, por tanto, que España puede todavía pedir alguna modificación sobre una propuesta que ha provocado alarma entre técnicos medioambientales y defensores de la España vaciada porque prevé que durante un año los Estados miembros puedan saltarse trámites como las consultas públicas y la presentación de alegaciones por parte de personas o colectivos afectados por la instalación de macroparques eólicos o solares o incluso cuestiones medioambientales. En su lugar, se plantea que todos los proyectos sean declarados de interés general, por encima del interés individual, para así acortar los plazos para que empiecen a funcionar.

De razonable a incierta

Hace unas semanas, Ribera afirmó que había que "estudiar" los detalles de la propuesta pero que parecía "razonable" por lo que respecta a aligerar la tramitación. Este jueves, sin embargo, ha indicado que sí pedirá alguna modificación porque el reglamento podría incluso dar lugar a demandas ante los tribunales.

La ministra ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que se produzca una "gran incertidumbre jurídica" con respecto a por qué las energías renovables presentan, en determinado momento, un interés superior a la protección ambiental.

Ha avanzado que el Gobierno pedirá precisar en qué condiciones y en qué momento se puede acelerar el procedimiento de permiso de este despliegue, pero no con una llamada "tan abierta", para que sean los Estados miembro quienes decidan si desvincularse del paquete de protección ambiental y en qué momento dar prioridad a las renovables.