Se asoma el tercer invierno sin luz a la Cañada Real y las propuestas para restablecer el suministro eléctrico en el mayor asentamiento ilegal de Europa vuelven a centrar el debate en Cibeles. Este martes el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, planteó que los Ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid facilitasen licencias urbanísticas especiales para que los 4.000 vecinos que residen en los sectores 5 y 6,  los más afectados por el apagón, puedan solicitar un servicio provisional. Idea que, 24 horas más tarde, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha descartado por considerarla poco realista. En su lugar, el regidor madrileño cree que "el camino más corto" para iluminar de nuevo la barriada es "acabar con las plantaciones ilegales de marihuana".

"Las soluciones no pueden ser aquellas que no se corresponden con la seguridad. El camino más corto es acabar con las plantaciones ilegales de marihuana. Esto exige acordarlo desde Delegación del Gobierno con el compromiso del Ayuntamiento de poner a su disposición Policía Municipal", ha apuntado el primer edil este lunes desde la Caja Mágica. Almeida se refiere a los enganches de luz que una compañía eléctrica descubrió en 2020 consumiendo energía a una escala casi industrial y que en octubre de ese mismo año fueron el detonante para que dicha empresa cortara el suministro eléctrico a parte del poblado,  afectando tanto a posibles narcotraficantes como a ciudadanos de a pie. 

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Desde entonces, los vecinos de la Cañada viven a oscuras, improvisando fórmulas para lograr calentarse en invierno o prender la luz cuando cae la noche. Gracias a Caritas y otras organizaciones benéficas cuentan con placas solares, generadores, estufas de leña o cocinas de butano. Pero ahora que el invierno está a la vuelta de la esquina, la situación se vuelve aún más complicada, teniendo en cuenta, a su vez, que más de 1.200 menores habitan en los sectores con más problemas de luz.

En ese sentido, y tras reiterar que el "problema" radica en las plantaciones de marihuana, el popular ha conminado a la Delegación del Gobierno, liderada por Mercedes González, a "hacer una actuación que permita desmantelar esas plantaciones y que se pueda restablecer el suministro igual que en la pandemia, antes de que proliferasen las plantaciones de marihuana".

Por añadidura, Almeida ha puesto en valor los realojos que desde el Consistorio se han efectuado en los vecinos de la Cañada, que, según él, en el mandato de Manuela Carmena "fueron ocho y en este 160". "De los 168 estos años, 160 son de este. Sin juzgar los números, que cada uno tome nota de quién los ejecuta y qué Gobierno es más comprometido con poner fin a esta situación", ha abundado al respecto.

Sobre la propuesta de Gabilondo

Para el alcalde la propuesta del Defensor del Pueblo de que las administraciones públicas faciliten títulos habilitantes urbanísticos a los residentes en los sectores 5 y 6 de no es viable, toda vez que "las licencias urbanísticas son un acto reglado, y no son un acto discrecional". De esta forma, "el Ayuntamiento no puede otorgar una licencia urbanística especial al margen de la ley del suelo o la ley de la Cañada", ha agregado. En conclusión, ha zanjado: "Todos queremos solucionar este problema, pero no cabe identificar soluciones que no caben con la realidad".