Hacía cuarenta años largos sin que los españoles, particularmente los periodistas, no sufríamos el trauma de la censura al relatar las noticias y enjuiciar los hechos. Pero todo lo bueno tiene su fin y estos días, bien avanzado ya el año 2022, los profesionales de la comunicación en España volvemos a tropezar con las limitaciones que el poder constituido que nos gobierna –bueno, una parte, hay que ser justos– pretende retornar al control de lo que se cuenta en la radio, la prensa y la televisión y se considera que la sociedad debe saber. Hasta ahí podíamos llegar.

Sin periodismo libre no hay democracia es un axioma que a estas alturas creíamos que nadie dudaba en España y que los gobiernos, por mal que les cuadre, tienen que defender. Pero el Ministerio de Igualdad, creado como cupo de la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos –que por cierto, a pesar de la desunión que protagonizan sus líderes Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, todavía no ha cambiado de nombre–, y particularmente su titular, Irene Montero, que exhumó algunos recuerdos del pasado franquista y no solo le parecieron buenos, sino que consideró oportuno restaurarlos.

"¿Cómo se puede permitir –se ve que preguntó a sus subordinados– que estos mequetrefes del periodismo facha estén contando que la ley del ‘solo sí es sí’ es una chapuza?". Y que ¡hasta publiquen los nombres de los violadores que hayan salido de la cárcel por culpa de la interpretación que los jueces todavía más "fachas" han hecho de nuestra ley preferida! "¡Habrase visto!". Esto tenemos que pararlo. Hay que pedir inmediatamente a los medios que dejen de difundir estas cosas. A los medios, ¡eh!, no a los periodistas, que son unos mandados.