Los dos primeros recursos de alumnos a los que se ha negado la posibilidad de realizar exámenes en castellano aunque la asignatura se imparta en valenciano ya han llegado a los juzgados, que tendrán que pronunciarse sobre la legalidad de esta situación. Los denunciantes, que antes han obtenido la negativa de los centros escolares y de la Conselleria de Educación, cursan Formación Profesional y están asesorados por la asociación Hablamos Español.

De hecho, la Conselleria dio traslado el pasado 4 de noviembre del expediente de uno de los alumnos al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de València y también especificó que la Abogacía del Gobierno valenciano defenderá las tesis del departamento que dirige Raquel Tamarit, tal y como recogió el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Según explican desde la entidad que tramita los recursos en nombre de los afectados, hay más estudiantes que han pedido esta posibilidad, pero en la fase del procedimiento de llegar hasta la justicia únicamente los dos mencionados.

En concreto, solicitan que se les permita utilizar el castellano en sus actividades académicas, como la realización de exámenes o en los libros de texto, salvo en aquellas materias de tipo lingüístico (Castellano, Valenciano y otros idiomas), en las que se entiende que la imposición al formar parte de los contenidos del aprendizaje. "Sostenemos y estamos absolutamente convencidos de que no se le puede negar a un alumno el derecho al menos a expresarse en cualquier tipo de escrito en español, o en valenciano, en clase. Y, por lo tanto, animamos a las familias a que digan a sus hijos que ejerzan este derecho", expone la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago.

Según detalla, en algunos casos, los alumnos que lo solicitan "tienen suerte y encuentran profesores razonables que no les ponen ningún impedimento y en otros no es así. En estos últimos procedemos a iniciar la vía administrativa". Para esta entidad, se trata de una vía "muy interesante" por explorar. "Queremos que sea un juez el que se pronuncie. Pero, aunque el juez dijera que no, nosotros seguimos sosteniendo que eso es legal", remarca Lago.

Fuentes de la Conselleria no han querido hacer "ninguna valoración o comentario" ya que, "al estar el tema ya judicializado, es la Abogacía de la Generalitat la que se encarga de dar respuesta a los requerimientos judiciales", apuntan.

La polémica tiene que ver no solo con la imposibilidad de utilizar el castellano en los materiales didácticos, sino también con las posibles sanciones hacia los alumnos que lo hacen. En este sentido, Lago afirma que para castigar a un alumno por hacer algo incorrecto "tiene que haber una sanción que esté claramente establecida", y no es el caso, sostiene. "No se puede castigar a un alumno por usar el español en un examen sin tener previsto cómo lo vas a castigar por usarlo", añade.

Sin embargo, afirma que en algunos casos "se les hace la vida un poquito complicada, se les dice que no pueden. Hemos tenido algún caso en que se ha querido bajar la nota, pero hemos intervenido y no lo han conseguido", asegura. Por ello, anima a las familias que se encuentren en esta situación a "plantarse". "Lo que intentan es conseguirlo mediante la presión y, ante esa presión están nuestro sentido común y nuestra determinación", señala la también portavoz de la asociación.

En el caso del alumno cuyo caso ha llegado este mes al juzgado, Lago afirma que "lo que tuvo que pelear para conseguir un derecho es un disparate". La asociación, que tiene un modelo de reclamación a disposición de las familias, afirma que su petición se da en todas las comunidades con lengua cooficial, "pero en la Valenciana es cierto que muchos se han acogido a este derecho, y a algunos les está yendo bien". Según añade, en estos casos "el profesor está imponiendo la lengua y eso no se puede hacer. Solo podemos emplear este paliativo y algunos incluso utilizan los libros en español", concluye.

El PP pide derogar la Ley de Plurilingüismo

El PP ha pedido en una de sus enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2023 la derogación de la Ley de Plurilingüismo en el sistema educativo. Este texto fija porcentajes mínimos del 25% para castellano y valenciano y acaba con el sistema anterior de líneas. En otra de las enmiendas solicita la eliminación de la Oficina de Derechos Lingüísticos impulsada por el Botànic.