La Comunidad de Madrid no para de repetir desde hace semanas que el conflicto laboral que se ha desatado en torno a la reapertura de los puntos de urgencias extrahospitalarias hunde parte de sus raíces en la escasez de médicos que se da en la región y en toda España. La falta de profesionales es un problema que se va a ir agravando en los próximos años, repiten una y otra vez desde la Consejería de Sanidad, y para mitigarlo el Gobierno regional pide un pacto nacional, aunque a corto plazo, y desde luego con una mayor expectativa de realidad y aplicabilidad, ha decidido echar mano de la Ley Ómnibus.

Uno de los muchos puntos que incluye el texto legislativo que está en trámite en la Asamblea de Madrid es acabar con el requisito de la nacionalidad para trabajar como médico en la sanidad pública. Hoy por hoy, solo las personas con pasaporte español o de un Estado miembro de la Unión Europea pueden ser especialistas en el Sermas, incluso si se han licenciado en Medicina en España y han realizado el MIR en este país. 

La Comunidad está a punto de acabar con esta tesitura, porque la Ley Ómnibus prevé que los médicos extracomunitarios se puedan incorporar a las especialidades que presenten carencias de personal. Este es un 'salvavidas' al que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prevé agarrarse más pronto que tarde, porque sus cálculos apuntan a que el texto legislativo que se impulsó hace casi un año será aprobado por el pleno de la Asamblea regional el 15 de diciembre. 

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Ante la cercanía de esta fecha y dada la complicada coyuntura de la sanidad madrileña -con una huelga de médicos rurales en marcha, otra de pediatras y médicos de familia convocada a partir del 21 de noviembre y días después de una multitudinaria manifestación que recordó a las mareas blancas-, el consejero de Sanidad ha llevado este miércoles al Consejo de Gobierno un informe que analiza el impacto que tendrá la Ley Ómnibus en el ámbito sanitario. 

"Se trata de integrar en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) al mejor talento y de retener a los profesionales que se forman en la región", han defendido desde el Ejecutivo regional. Según ha destacado el vicepresidente y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, alrededor del 8% de los médicos residentes que hacen el MIR cada año son extracomunitarios y estos son, precisamente, en quienes pone su objetivo la Comunidad. 

No será este el único mecanismo que se active para sumar más médicos a las plantillas de la sanidad madrileña. También podrán trabajar en el servicio público los profesionales que se hayan estudiado y formado en otros países y que hayan completado el proceso de homologación de licenciado en Medicina y del título de especialista, expedidos por el Ministerio de Educación y el de Sanidad, respectivamente. "Su exclusión implicaría caer en la ilegalidad de no reconocer un título a todas luces válido en España para ejercer la Medicina", sostiene el informe que ha llevado Enrique Ruiz Escudero al Consejo de Gobierno. 

"La falta de profesionales sanitarios es un problema que afecta a todas las comunidades autónomas", han insistido este miércoles desde el Ejecutivo que lidera Díaz Ayuso, remarcando que es "competencia" del Ministerio de Sanidad poner en marcha mecanismos para paliar este déficit. 

"La Comunidad de Madrid, desde su responsabilidad, está impulsando medidas", han contrapuesto, remarcando que con herramientas como las contenidas en la Ley Ómnibus servirán para cubrir plazas vacantes de médicos, especialmente las más deficitarias, como es el caso de la Medicina de Familia, "con las debidas garantías".