Las entidades bancarias han ido cerrando progresivamente sus sucursales y cajeros en los pueblos y para hacerlas regresar, los alcaldes y diputaciones provinciales de las zonas afectadas están estudiando fórmulas que suponen pagar con dinero público a esos mismos bancos por servicios que formaban parte de su actividad comercial. "Una vez más, con dinero público, vamos a ayudar a los bancos", ha reconocido este jueves el presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán, en la primera sesión de la Ponencia de la comisión de Reto Demográfico del Senado que se dispone a encontrar soluciones a la "exclusión financiera" que sufren los habitantes de los municipios más pequeños y, entre ellos, sobre todo los de mayor edad.

La provincia de León está entre las más afectadas por el cierre de sucursales bancarias y cajeros automáticos y el presidente de su Diputación ha indicado que la opción que están estudiando como la más realista en estos momentos pasa por una "solución mixta" que consiste en que el ayuntamiento habilite un local municipal, que en algunos casos es que el ocupó la entidad antes de cerrar, y pagar gastos como la conexión a Internet o la luz o vigilancia para que a cambio la entidad quiera enviar a alguien para dar a los vecinos una atención personal. 

Según sus cálculos, esta solución podría llegar a costar de 4.500 a 5.000 euros mensuales a los municipios y la Diputación que él preside está dispuesta a subvencionar hasta el 70% de este coste que contempla como un mal menor que como una solución ideal, ya que supone pagar con dinero público algo que deberían pagar las entidades que publican cifras mil millonarias de beneficios.

Morán, que es también alcalde de Camponaraya, un municipio leonés de poco más de 4.000 habitantes, ha sido el primero de los tres responsables políticos que han expuesto en la Cámara Alta el drama que supone que los bancos abandonen estas poblaciones, porque desprecia a sus habitantes y evita que otros lleguen o regresen. Ha planteado las opciones que los alcaldes leoneses estudian para hacer regresar a los bancos. Como él, también lo han hecho la vicepresidenta de la Comisión de Despoblación y Reto Demográfico de la FEMP y alcaldesa del pueblo turolense de Celadas (396 habitantes), Raquel Clemente, y el presidente de la Diputación de Lleida y alcalde de Bellvís i els Arcs (163 habitantes), Joan Talarn i Gilabert. 

Con matices, las opciones que han planteado para que los bancos vuelvan a dar servicio a sus poblaciones pasan por poner dinero público, de fuente municipal o estatal. Bien sufragando buena parte de los gastos de abrir oficinas, que en algunos casos incluso serían los mismos locales que previamente abandonaron, o bien mediante "incentivos" que han reclamado al Gobierno central para que a los bancos les sea rentable volver a dar servicio a los vecinos.

"Decidimos impulsar un plan piloto para contribuir a una solución y nos hemos encontrado con que la banca nos exige que pasemos por caja, que seamos los representantes del mundo rural quienes sufraguemos la instalación de cajeros para que los vecinos tengan acceso a su dinero ahorrado", ha explicado Talarn i Gilabert ante la comisión del Senado.

Beneficio para los bancos

Clemente ha reclamado al Gobierno que "haga que sea rentable tener oficinas en los pueblos con incentivos o facilitando medidas, que haya un beneficio en invertir en el mundo rural". Además, la alcaldesa popular ha apuntado que el nuevo impuesto a la banca que estudia el Gobierno para sufragar la crisis energética puede ahondar la desandada en el mundo rural y ha criticado que en el Protocolo con 130 medidas que firmaron este verano el Ministerio de Asuntos Económicos y la banca no hubiera ninguna medida concreta para este problema. "No lo hemos notado en ningún caso. Como alcaldes no podemos obligar a los bancos, eso lo puede hacer el Estado", ha dicho el presidente de la Diputación de Lleida, que ha pedido una acción "un poco más contundente" para que los bancos se queden en las zonas rurales.

"Las alcaldías están dispuestas a estudiar proyectos que garanticen [la reapertura] y la Diputación es proactiva en ayudar, pero es necesario que las entidades financieras también pongan de su parte y asuman su cuota de responsabilidad y que el Estado se implique también", ha reclamado también Talarn i Gilabert.

Hay otras opciones que también cuestan dinero. La Diputación de Badajoz optó por colocar cajeros en locales municipales, con un coste mensual de "750 euros más IVA" y la Salamanca, incluirlos en los bibliobuses que recorren los pueblos. 

El fiasco de Correos

También es previo pago el proyecto que se anunció el año pasado por el que Correos ponía a disposición de los alcaldes de la España vaciada sus oficinas cuando las hay o a sus carteros para que los habitantes dispongan de dinero en efectivo. Sin embargo, los alcaldes han criticado el elevado coste que tiene este servicio. El fijo varía entre 615 y 750 euros mensuales si el cajero de Corros se pone o no en locales del ayuntamiento, a lo que hay que sumar las comisiones para los usuarios y una obligación de utilizarlo para "compensar" el servicio que en algunos pueblos supondría que cada habitante tendría que utilizarlo más de dos veces al día.

"Reconozco que es injusto que una diputación provincial tenga que utilizar su dinero para resolver la situación de abandono de los bancos", ha afirmado Morán sobre una opción en la que ha dicho que están interesados muchos municipios de su demarcación y que trataría de solucionar un "abandono brutal" para el que él ni el resto de intervinientes este jueves en la comisión del Senado creen que se soluciona poniendo cajeros automáticos. 

Oficinas con trabajadores, no cajeros

Pueden ser útiles para la población más joven, que también salva la ausencia de sucursales con la banca online, pero no para la población más mayor, la mayoría de los habitantes de estas zonas despobladas y que, para ahondar en la injusticia, normalmente han sido fieles clientes toda su vida de las entidades que ahora se han retirado de sus pueblos. La Diputación de Teruel, por su parte, ha promovido la inclusión de servicio de cajero automático en los "multicentros", espacios donde los vecinos pueden encontrar distintos servicios en un mismo lugar. León también ha estudiado la posibilidad de habilitar cajeros en locales municipales donde se trabajen otras personas en otras labores y de quienes se espera que ayuden a la población más mayor a utilizarlos.

"Un cajero automático no supone dar un servicio de calidad", ha apuntado la profesora de Economía Política y Hacienda Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, que además ha subrayado que los bancos se están retirando de la España vaciada, que suma el 12,6% de los depósitos en toda España y solo el 9% del crédito. Es decir, "parte del ahorro que se capta en estas provincias sale [de ellas] a financiar actividades económicas donde es más rentable", ha dicho. 

El fenómeno ha sido descrito, entre otros por el Banco de España, que en un informe de junio de este año indicó que entre 2008 y 2021 900 municipios perdieron el acceso a una oficina bancaria en su localidad, que la población rural sin acceso a un banco creció un 9% y la distancia media hasta la oficina más cercana pasó de 3,3 km en 2008 a 4,9 km en 2021.