La Abogacía de la Generalitat no se personará, por el momento, en la causa judicial que investiga la presunta justificación irregular en el cobro de subvenciones de la Generalitat al fomento del valenciano por parte de Francis Puig, hermano del jefe del Consell. El PSPV y Compromís han descartado este miércoles en Les Corts la petición de la diputada del PP Eva Ortiz, que ha advertido que no pedir el reintegro de estas cantidades "puede derivar en responsabilidad penal y contable del Consell".

Los dos grupos mayoritarios del Botànic han argumentado que el también administrador de las empresas Comunicacions dels Ports y Mas Mut Producciones no está condenado por el momento y han dudado, al igual que Ciudadanos, que el PP tenga "autoridad" para exigirlo, en alusión a los cargos del anterior Gobierno valenciano condenados por corrupción.

Ortiz ha defendido que es "lógico y necesario" que la Abogacía se persone para recuperar "los dos millones recibidos irregularmente por Francis Puig entre subvenciones y contratos, sin empacho y sin control de seis consellerias y cuatro organismos de la Generalitat". Del mismo modo, se ha preguntado por qué la Abogacía pidió "siete reintegros a su socio Adell Bover y no a Francis Puig: ¿A quién están protegiendo?", ha añadido.

El socialista José Muñoz ha acusado a Ortiz de emprender una "persecución política que no llega a ningún sitio", mientras el diputado de Compromís Jesús Pla ha afirmado que no hay "ningún pronunciamiento formal" sobre el hermano de Puig ni de un juez ni de la Fiscalía, por lo que ha pedido al PP que espere antes de iniciar un "expediente paralelo".

El hermano de Puig compareció el pasado mes de mayo en el juzgado de Instrucción número 4 de València en el marco de una investigación sobre justificación de subvenciones concedidas por los gobiernos valenciano, catalán y aragonés entre 2015 y 2018 a un grupo de empresas y que en total podrían sumar hasta 2 millones de euros. En esta causa, abierta a raíz de una denuncia del PP, indaga sobre ayudas al fomento del valenciano, del catalán, del empleo o de desarrollo rural, por el hermano del jefe del Consell, empresario del sector audiovisual radicado en el norte de Castellón, a través de varias empresas y productoras por él participadas.

El Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil vio hasta cuatro tipos de irregularidades, que van desde la existencia de facturas cruzadas que han podido ser utilizadas para obtener subvenciones en mayor cuantía de la que correspondería a otras de las que se cuestiona si pueden ser consideradas como gasto subvencionable o está suficientemente justificado. La Benemérita también apunta a la posible elaboración de facturas duplicadas.

Pese a que la defensa del empresario castellonense afirmó que salieron "muy contentos" tras la declaración judicial del pasado mes de mayo y que iban a aportar más documentación para que la causa se cerrara "cuanto antes", el juzgado decidió en julio prorrogar seis meses más la instrucción.