Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargados de negociar los nombramientos del Tribunal Constitucional han retomado la conversación después de casi un mes. El ala progresista, que desde hace tiempo manejaba una lista de nueve candidatos, ha decidido que José Manuel Bandrés será su propuesta final. Los conservadores, por el contrario, no han puesto ningún nombre sobre la mesa, pero se han comprometido a estudiar la propuesta progresista de cara al próximo 16 de noviembre, día en que tendrá lugar la próxima reunión. 

"Se les ha indicado a los vocales progresistas que en los próximos días culminaremos la indagación de candidatos posibles por nuestra parte y efectuaremos la evaluación de idoneidad del suyo", han comunicado fuentes del ala conservadora. 

Según ha informado Europa Press, los vocales negociadores del sector progresista han detallado en su comunicado que Bandrés ha sido elegido por una "amplia mayoría" y "tras una profunda deliberación y un riguroso examen" del currículo de los demás aspirantes, hacia los que han expresado su "respeto y reconocimiento".

Aunque no han revelado la identidad de esos otros candidatos, sí han precisado que "el vocal Enrique Lucas no ha participado en la deliberación y votación llevadas a cabo". Las citadas fuentes apuntan que su hermano, el también magistrado del Supremo Pablo Lucas, es uno de los nombres que suenan con fuerza para ir en la dupla del CGPJ para el TC.

Por otro lado, el ala conservadora ha recalcado que valorará "como muy conveniente" un comunicado conjunto "reclamando el restablecimiento de las competencias constitucionales del CGPJ mientras no se produzca su renovación".

Cerca de dos meses de retraso

Los vocales del Consejo retoman ahora unas negociaciones que deberían haber concluido el pasado 13 de septiembre, según dictaba el mandato legal. La fecha límite vino establecida por una reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial que impulsó el Gobierno el pasado julio, habilitando al Consejo para nombrar a miembros del Constitucional mientras permanece incapaz -por estar en funciones desde diciembre de 2018- de realizar otros nombramientos discrecionales.

Dicha reforma obligaba a realizar los nombramientos tres meses después de que se liberasen las vacantes del Tribunal Constitucional. En este caso, teniendo en cuenta que el 12 de junio cuatro magistrados agotaron su mandato, otros cuatro debían ser nombrados este 13 de septiembre: dos por parte del Gobierno y otros dos por el CGPJ, según establece la legislación.

El bloqueo impuesto por los vocales conservadores llevó a que se rompiesen las negociaciones el cinco de octubre, cinco días antes de la dimisión de Lesmes. La renuncia del presidente del CGPJ provocó un acercamiento entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para desbloquear el Consejo y apartó por completo la renovación del Constitucional. 

El total de los vocales del órgano de poder de los jueces pasó a priorizar el nombramiento de un nuevo presidente. El Consejo nombró al vocal Rafael Mozo y, a la expectativa de un pacto entre el Ejecutivo y el Partido Popular, dejó al Constitucional en un segundo plano. 

La repentina ruptura de las conversaciones entre el Gobierno y los populares ha despertado en los vocales del CGPJ una urgencia por nombrar a los candidatos del Constitucional. Ahora los conservadores se muestran dispuestos a proponer un candidato, pero no lo han escogido todavía.