El Pleno del Tribunal Constitucional ha aceptado este miércoles admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad que le planteó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sobre la adecuación a la Carta Magna de la normativa catalana que delimita el uso de las lenguas castellana y catalana en las aulas de la comunidad.

El decreto ley fue avalado por el Govern catalán en mayo, tan solo un día antes de que expirase el plazo judicial para aplicar el fallo del 25% en castellano, entonces de un ejecutivo de coalición entre ERC y Junts. La ley de usos lingüísticos era validada posteriormente por el Parlament en junio, con los votos favorables de ERC, Junts, PSC y comuns.

En ambos textos legislativos se reconfirmaba el estatus educativo del catalán como lengua vehicular (la normalmente utilizada en la enseñanza en Cataluña) y del castellano como lengua curricular en la docencia, es decir, con una presencia adecuada en las aulas en función de la situación sociolingüística del centro, los objetivos de normalización lingüística y la evolución del proceso de aprendizaje del alumnado.

De esta manera, se blindaban desde el Departament d’Educació del conseller Josep Gonzàlez-Cambray (ERC) a los centros escolares para que no estuvieran obligados a aplicar este curso académico 2022-2023 la sentencia que obliga al uso del 25% de castellano en las clases.

El TSJC argumenta que el nuevo modelo lingüístico catalán que han dibujado las dos nuevas normativas choca con el Estatut de Catalunya y con varios artículos de la Constitución Española, entre ellos, el que promulga el derecho fundamental a la educación.

A pesar de este convencimiento, el alto tribunal catalán suspendió la ejecución forzosa de la sentencia del 25% de castellano debido a la “imposibilidad legal” de hacerlo tras la aprobación de las respectivas leyes de blindaje del catalán de Govern y Parlament.

La decisión del Alto Tribunal llega solo un día después de que el pasado martes trascendiera que el Parlamento Europeo enviará en el segundo semestre de 2023, previsiblemente en el mes de diciembre del año que viene, una delegación de parlamentarios a Cataluña para que comprueben sobre el terreno si se cumple el porcentaje del 25% de clases en castellano obligado por la sentencia del TSJC que confirmó posteriormente el Tribunal Supremo. 

La Eurocámara ha aceptado de este modo la demanda que realizaron los grupos parlamentarios constitucionalistas en Bruselas de Ciudadanos, PP y Vox, así como la petición de la asociación ciudadana Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB).

Además, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, recomendó la semana pasada al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que la Generalitat cumpla con el 25% en castellano en las aulas durante un encuentro que mantuvieron en la capital de Bélgica y comunitaria.

La Eurocámara enviará una misión a Cataluña para comprobar que se imparte el 25% de las clases en castellano

Hace tan solo un mes, el TC también admitió a trámite el recurso de PP y Ciudadanos contra el decreto de la cámara catalana que traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos a Educació y la ley que deja al castellano como lengua de uso curricular.

Òmnium se personará como parte afectada ante el TC

La entidad soberanista Òmnium Cultural ha asegurado este miércoles que se personará ante el TC como parte afectada por lo que considera «una intromisión en las aulas ideológica y antidemocrática» por parte de la justicia, en el momento en el que estudia la legalidad de la ley y el decreto ley que inutilizan la aplicación del 25% de castellano en la enseñanza.

Así lo ha expresado su presidente, Xavier Antich, tras conocerse la decisión del Alto Tribunal. Desde la formación Ciudadanos, el diputado Carrizosa se ha expresado en sentido contrario, confiando en que el Tribunal Constitucional acabe con un sistema «ilegal e injusto», el de la inmersión lingüística solamente en lengua catalana. 

Una decena de escuelas acatan el 25%  

Apenas tres semanas después del inicio temprano del curso escolar en Cataluña del 5 y 7 de septiembre, el conseller de Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, remarcaba que «ningún centro aplicará porcentajes en el aprendizaje de lenguas» del 25% en castellano marcado por vía judicial. 

Pero, en cambio, una veintena de escuelas se mostraban díscolas con la consigna de la Generalitat. A principios de octubre, Educació confirmaba que se habían notificado 11 resoluciones en 10 centros que ratifican las medidas cautelares para aplicar el 25%.