El compromiso de reformar del delito de sedición es uno de los asuntos que permitió el voto favorable de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en la investidura de Pedro Sánchez, pero se ha mantenido paralizado desde entonces. Ya en 2020 el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, declaró que "la modificación de la sedición en el Código Penal debe hacerse para homologarnos a Europa", pero no se llegó a ninguna propuesta concreta. 

La negociación de los Presupuestos de 2023 ha reavivado el debate y anoche Sánchez anunció que el PSOE y Unidas Podemos presentarán finalmente este viernes una propuesta que incluirá la supresión del delito de sedición y su sustitución por un tipo penal llamado "desórdenes públicos agravados", que presumiblemente conllevará una rebaja de las penas. Una eventual modificación de este delito podría situar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a sus compañeros huidos de España, incluida la número dos de ERC, Marta Rovira, como los principales beneficiados. 

El cambio de este delito recogido en el artículo 544 del Código Penal, justificado por el Gobierno en la necesidad de adecuarlo a los estándares europeos, podría sería también una gran noticia para los políticos indultados porque reduciría la pena de inhabilitación, todavía vigente para ellos. 

Los independentistas huidos

Una rebaja de la pena por sedición afectaría, en primer lugar, a Puigdemont y sus compañeros fugados de España, reduciendo los años de prisión a los que se pueden enfrentar si acaban pisando el país. El expresident y sus consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí están procesados por sedición y por malversación. Con el actual Código Penal, el primero de estos delitos puede acarrear penas de entre 10 y 15 años, teniendo en cuenta que se trata de responsables políticos, y el segundo varía entre los cuatro y los ocho años "e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años". 

El Gobierno niega que la reforma de la sedición esté vinculada a las negociaciones con ERC para aprobar los Presupuestos

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, solo se enfrenta a un delito de sedición y podría, por tanto, beneficiarse de la rebaja más notable en su pena. Las mencionadas fuentes jurídicas apuntan, sin embargo, que es "bastante complicado" que pueda librarse de la cárcel. 

Otro asunto a tener en cuenta es la prescripción de los delitos. Una reforma legal que redujese las penas a las que se pueden enfrentar los líderes huidos les afectaría a su vez en los relativo a las medidas cautelares y los plazos de prescripción. "Hay que distinguir entre la prescripción del delito y de la pena", explican las fuentes consultadas.

En este caso, la prescripción sería del delito y en función a lo que se dicta en el artículo 131 del Código Penal. Las penas a las que se pueden enfrentar los huidos están entre los 10 y los 15 años de prisión con el equivalente periodo de inhabilitación. Ante una condena como esta, la ley establece un plazo de 15 años para la prescripción del delito. Si estas penas se redujesen a la mitad, quedándose incluso en cinco años, el plazo de prescripción podría ser también de media década "desde que el investigado tiene conocimiento de la existencia de un procedimiento dirigido contra él".

Según apuntan otras fuentes consultadas por Europa Press, para los prófugos del procés habría otras implicaciones. Así, en el futuro inmediato, la rebaja de la pena de sedición podría dar lugar a peticiones de revisión de las medidas cautelares acordadas (las euroórdenes), porque uno de los factores a valorar para imponerlas es la gravedad de la pena aparejada al presunto delito, si bien recalcan que también se tienen en cuenta otras variables como la gravedad del delito y el riesgo de reincidencia.

En todo caso, si estos prófugos acaban siendo juzgados y condenados por sedición (igual que lo fueron sus compañeros en España), se les aplicarían las nuevas condenas acordadas en la modificación del Código Penal. Esto se debe a que los condenados podrían beneficiarse del principio de retroactividad a favor del reo, que dicta que ante colisión de dos normas penales de distinta vigencia temporal se aplica la que más conviene al condenado.

Los indultados

También los nueve condenados e indultados de la pena de cárcel por el procés -Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez- podrían beneficiarse de la reforma. La pena de prisión lleva una pena accesoria de inhabilitación equivalente, que varía entre los 9 y los 13 años para este grupo. Esta última sigue vigente y se vería afectada por la rebaja en caso de que salga adelante. Si el tiempo de inhabilitación se reduce a la mitad, parte de los indultados podría volver a ejercer en cargos públicos en el plazo de dos años.