La Fiscalía ha elevado ya al Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, su escrito de acusación por el brote de listeriosis surgido en 2019 por la carne mechada distribuida por la empresa Magrudis pese a estar contaminada con dicha bacteria, reclamando once años y medio de cárcel para el dueño, Antonio Marín Ponce y su hijo Sandro José Marín Rodríguez, así como diez años para su otro hijo Mario Marín Rodríguez y para Encarnación Rodríguez Jiménez, esposa de Sandro José.
El escrito de acusación del Ministerio Público consta de 75 páginas y en su resumen, recogido por Europa Press, dicha instancia solicita la apertura de juicio oral ante la Audiencia de Sevilla contra Antonio Marín Ponce, administrador de hecho de Magrudis, su hijo, como administrador único de la entidad, el resto de la familia y el arquitecto Sergio L.G., contratado por la empresa en cuestión.
De este modo, la Fiscalía no presenta acusación contra la veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, quien sí figura como acusada en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado dictado por el Juzgado de Instrucción número 19.
Delito contra la salud pública y de homicidio
La Fiscalía detecta respecto a los hechos un delito continuado contra la salud pública, en concurso con cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave, siete delitos de lesiones al feto por imprudencia grave, 235 delitos de lesiones por imprudencia grave, un delito de defraudación de fluido eléctrico y un último delito de falsedad en documento oficial.
Por el primer delito, reclama para cada uno de los acusados cuatro años de cárcel y otros seis años más por el delito de homicidio por imprudencia grave, multas por el delito de defraudación del fluido eléctrico para todos los acusados salvo para el arquitecto y un año y medio más de prisión para Antonio Marín Ponce, su hijo Sandro José Marín Rodríguez y para el arquitecto Sergio L.G., por el delito de falsedad documental.
En materia de responsabilidad civil, solicita que todos los acusados, salvo el arquitecto, indemnicen con 141.040 euros al Ayuntamiento de Sevilla y con 800.000 euros a la Junta de Andalucía por los gastos generados a ambas administraciones.
También habrán de indemnizar con 5.861 euros a Endesa y compensar económicamente por los cuatro fallecimientos, los abortos y las "lesiones y secuelas" del resto de afectados.
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