Tras la salida de Junts del Govern, el presidente catalán, Pere Aragonès, nombró ayer a los nuevos consejeros que sustituirán a los postconvergentes. Y entre las siete incorporaciones, destacan tres externos a ERC, procedentes de las órbitas del PSC, los comunes y la extinta CDC. De hecho, el primer consejero en darse a conocer en la tarde de ayer es quizás uno de los más conocidos: el que fuera exalcalde socialista de la ciudad de Girona entre 1979 y 2002, Joaquim Nadal (1948), con experiencia en el Gobierno catalán, ya que fue consejero de los tripartitos de los socialistas Pasqual Maragall y José Montilla, aunque se dio de baja del PSC en 2015. Se hará cargo de Investigación y Universidades.

Además, se incorporan al Ejecutivo catalán Carles Campuzano,  exdiputado de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y del PDeCAT, como titular de la cartera de Derechos Sociales; y Gemma Ubasart (Justicia, Derecho y Memoria), exsecretaria general de Podem Catalunya.

Los nombramientos de la órbita socialista dan pistas del peso específico indirecto que podría tener el PSC en la nueva formación de Govern con acuerdos puntuales cediendo a los 33 diputados de ERC los otros tantos 33 diputados socialistas en la Cámara catalana. Y, además, allanan el camino a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. La crisis del Govern catalán, por tanto, acerca a ERC y el PSOE en una doble dirección: para salvar las Cuentas en clave nacional y para garantizar la gobernabilidad en Cataluña

Sánchez fía las cuentas a que ERC no convoque elecciones

El pasado martes y tras aprobar el Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023, Gabriel Rufián salió en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados. "El voto de ERC se suda", lanzó ante los periodistas en la Cámara Baja. Era un aviso. Su formación es clave para que el Gobierno de coalición logre sacar las cuentas y lo sabe. Lo dejó patente, aunque es algo que los republicanos ya han dejado claro en la negociación de los últimos dos Presupuestos. Eso sí, esta vez el escenario es diferente: la fragilidad del Ejecutivo catalán -con Junts fuera según la decisión decisión de los militantes y ERC en minoría- va a obligar a los republicanos a contener sus posiciones maximalistas o, al menos, a "sudar" lo mismo que PSOE y Unidas Podemos.

La ruptura consumada en el Govern de Cataluña hace que este año la situación no sea tan agónica para el Gobierno como años anteriores. Pese a que las urnas autonómicas y municipales volverán a abrirse en mayo y al coste electoral que pueden tener en otros territorios las cesiones que se hagan a los nacionalistas catalanes, el Ejecutivo afronta de cara la negociación. Aunque cierto es que la situación en Cataluña podría estallar de un día a otro y ERC podría convocar elecciones -lo que complicaría que se sumara al bloque de investidura para aprobar las cuentas-, ninguno de los partidos lo contempla.

Fuentes del sector más pactista de ERC rechazan ver cercano un adelanto electoral pese a la salida de Junts. Y la incorporación de exdirigentes socialistas y de los comunes al Govern apuntan en ese sentido. Aunque no desvelan con quién, la aritmética es tozuda. En el Parlament, la mayoría está fijada en los 68 diputados. ERC, que fue la segunda fuerza en votos en 2021, tiene 33 diputados, los mismos que el PSC. Los comuns, que tienen ocho, convierten en holgada la mayoría. 

Por su parte, en el seno del Gobierno central hay tranquilidad. Se le vio al presidente Pedro Sánchez el viernes. Al ser preguntado al respecto desde Praga, puso en manos de Salvador Illa, primer secretario del PSC, la decisión a tomar, pero señaló que los socialistas catalanes "siempre han tendido la mano en estos meses tan convulsos en aras del interés general de Cataluña y para resolver los problemas". "Abogo por esa estabilidad en el Govern", añadió.

También algunos ministros consultados comparten la sensación -que reina en ERC- de que ambos partidos se necesitan y ven poco probable que los catalanes tengan que volver a votar en las que serían sus sextas elecciones autonómicas desde 2010. Es decir, una media de una convocatoria de comicios cada dos años.En el PSC, a su vez, existe asimismo la percepción de que ERC no convocará elecciones, por lo menos, hasta después de las municipales de mayo de 2023.

El PSOE se abre ahora a negociar la ley de vivienda con ERC y EH Bildu, pero no con Unidas Podemos

Así las cosas, desde el Ejecutivo no se atreven a decir la palabra "encarrilados" al hablar de los Presupuestos, pero sí hay una impresión de que se terminarán aprobando sin mayor problema. Desde luego, se han dado pasos ya para ello. Según lo recogido en el 'libro amarillo' de las cuentas, Cataluña recibirá 2.308,92 millones de euros, lo que la convierte en la segunda autonomía que más fondos tendrá, solo por detrás de Andalucía, con 2.318 millones. Eso sí, la catalana es la única de las grandes comunidades que percibirá más inversión de la que le correspondería por población. Serán casi 300 euros por habitante, lejos de los poco más de 190 euros de cada ciudadano madrileño.

Además, el PSOE también ha lanzado ya guiños a los republicanos. Es el caso de la ley de vivienda. Los socialistas se negaron a volver a incluirla en el pacto presupuestario con Unidas Podemos de este año. En 2021, ambos socios pactaron un texto que se quedó paralizado una vez entró al Congreso de los Diputados, ya que los morados incluyeron enmiendas pese a ser ese su texto. Esto molestó en las filas socialistas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a sacarles incluso de la negociación en unas declaraciones en las que sí se abrió a debatirla con ERC, algo que ya ha ocurrido. Sin ir más lejos, los socialistas se vieron con los republicanos y con EH Bildu el pasado miércoles para hablar del articulado, con la prohibición de los desahucios y el mecanismo de regulación de precios como principales escollos.

Otra de las condiciones que podrá pedir ERC será avanzar en la "desjudialización del conflicto" catalán, una forma de referirse a la rebaja de las penas por sedición, uno de los tipos penales por los que fueron condenados los encarcelados por el procés y que facilitaría la vuelta de los huidos. Esta fue una de las promesas que Sánchez hizo nada más tomar posesión, aunque terminó guardándola en un cajón aduciendo falta de mayorías. Eso sí, al ser la reforma del Código Penal no se necesitaría una mayoría reforzada (de dos tercios), sino la mayoría absoluta, una cifra que el Ejecutivo puede lograr.