El PSOE se abre ahora a negociar la ley de vivienda con ERC y EH Bildu, pero no con Unidas Podemos

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este miércoles en el Congreso.
La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, este miércoles en el Congreso.
EUROPA PRESS

No ha habido avances para desbloquear la ley de vivienda en la negociación entre PSOE y Unidas Podemos para elaborar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Pero una vez cerrado y enviado al Congreso ese borrador, las cosas podrían empezar a moverse. Así lo confirman fuentes del ala socialista del Gobierno, que explican que el PSOE sí estaría dispuesto a negociar posibles modificaciones en la ley de vivienda para desatascar su tramitación directamente con ERC y EH Bildu, dos grupos que exigen cambios de calado y que son imprescindibles para sacar adelante la norma.

Este cambio de posición del PSOE llega después de meses de parálisis en la negociación de la ley de vivienda y también después de varias semanas en las que los socialistas se han negado a aceptar modificaciones en el texto que salió hace más de medio año del Consejo de Ministros, tal y como ha planteado Unidas Podemos en las recién cerradas conversaciones sobre Presupuestos. Las fuentes socialistas consultadas insisten en el argumento que lleva un tiempo defendiendo el PSOE: socialistas y morados ya negociaron durante un año la ley de vivienda en el seno del Gobierno y plantear ahora cambios supondría reabrir unas conversaciones ya zanjadas.

Así lo defendió el martes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que aseguró que "no parece lógico que si [la negociación de] los Presupuestos de 2022 tuvo como broche la ley de vivienda y el Gobierno progresista cumplió en registrar el texto en el Congreso", en las cuentas para 2023 PSOE y Unidas Podemos negocien cambios sobre ese mismo proyecto. El problema es que la norma necesita de una mayoría que ahora mismo no tiene en el Congreso por la negativa de ERC, EH Bildu y Unidas Podemos a aprobarla sin profundizar en las medidas de protección a los inquilinos.

De ahí que el PSOE haya decidido moverse, aunque siguiendo su argumento la negociación se circunscribirá ahora al ámbito parlamentario, según confirman las fuentes consultadas. Es decir, los socialistas negociarán con ERC y EH Bildu los Presupuestos y, si estos exigen para darles su apoyo que haya modificaciones en la ley de vivienda -algo que parece seguro que ocurrirá-, no se cerrarán a hablarlo. En esa misma línea se expresó el martes el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, que afirmó que "es verdad que la negociación de Presupuestos y la de vivienda no tienen nada que ver, pero estamos dispuestos a hablar de todo".

Pese a que los socialistas argumentan que ya han negociado todo lo que tenían que negociar con Unidas Podemos sobre la ley de vivienda, los morados ven con esperanza este movimiento del PSOE. Fuentes de la formación recuerdan que las enmiendas de ERC y EH Bildu y las de Unidas Podemos comparten, en líneas generales, el mismo espíritu: el de endurecer medidas como el mecanismo de regulación de precios del alquiler. Y sostienen, además, que su relación con ambos partidos independentistas es fluida y que no les costará coordinarse de cara a una negociación con el PSOE sobre vivienda.

La principal de las peticiones de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu es que todos los propietarios de pisos en alquiler, ya sean grandes empresas o pequeños tenedores a partir de una determinada cantidad de inmuebles, estén obligados a rebajar el precio de sus alquileres -y no solo a congelarlo- cuando los pisos se encuentren en zonas declaradas como de mercado tensionado. Este cambio, lejos de ser menor, es clave, ya que supondría ampliar enormemente el alcance de la regulación de los arrendamientos, y el PSOE se opone a él.

En la negociación que tuvo lugar en el seno del Gobierno para diseñar la ley de vivienda, los socialistas ya se resistieron hasta el final a establecer medidas que obligaran a rebajar los precios a los pequeños propietarios que alquilan sus pisos en zonas especialmente tensionadas. De hecho, lo que finalmente se pactó es que esta rebaja solo sería obligatoria para los fondos y empresas cuyo negocio es el alquiler: las personas físicas, tuvieran los pisos que tuvieran, solo estarían obligadas a congelar los precios, pudiendo elevarlos incluso un 10% en determinadas circunstancias.

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